Bilbao – En lugar de rectificar, Javier Maroto va camino de convertir sus acusaciones a los inmigrantes argelinos y marroquíes en todo un argumento político en puertas de las elecciones municipales y forales de mayo del próximo año. Semanas después de haber apuntado que ese colectivo de ciudadanos abusa, a su juicio, de la renta de garantía de ingresos, el alcalde de Gasteiz volvió a decir ayer que “es una verdad como un pino” que “viven especialmente de las ayudas sociales”. Maroto se reafirmó en una entrevista en Radio Euskadi, donde llegó a decir que nunca ha tenido tanto respaldo en la calle como desde que pronunció esas palabras. El popular matizó en su momento que no todos los inmigrantes viven, a su juicio, de las ayudas sociales, y libró de toda culpa, en concreto, a los procedentes de Latinoamérica. El PP no lo ha desautorizado y el diputado general de Araba, Javier de Andrés, le dio más argumentos al asegurar que el 70% de los nigerianos está cobrando la citada renta de subsistencia.

El alcalde apostó ayer por no mostrarse “políticamente correcto”, y no sería la primera vez que se destaca por realizar declaraciones polémicas en cuestiones similares. Ya en 2012, en pleno apogeo de las críticas vecinales de Gasteiz contra el comportamiento de una familia gitana conocida como el clan de los Bartolos, Maroto garantizó “mano dura”. “Si pudiera, echaba a los Bartolos de Gasteiz”, lanzó. El popular es considerado un valor al alza dentro del partido, y se ha caracterizado por marcar un perfil propio en algunos debates, como el cierre de la central nuclear de Garoña. Ha reclamado en repetidas ocasiones que se clausure definitivamente en contra del criterio de su partido, que sin embargo ha terminado sumándose a su reivindicación.

Sus detractores lo tachan de populista y han criticado que se presentara al Parlamento Vasco únicamente para defender a Gasteiz desde el escaño, lo que han interpretado como un intento de utilizar la Cámara para sacar rédito político y asegurarse la alcaldía. Aunque suscita adhesiones en el municipio y en las elecciones europeas de mayo el PP volvió a ser la lista más votada en Gasteiz, su formación, EH Bildu y PSE se sitúan en un pañuelo, todos ellos en torno a los 13.000 votos. Algo más descolgado se quedó el PNV, con 11.000 papeletas.

Maroto insistió ayer en que “una mayoría de algunas colectividades, marroquíes y argelinos en concreto, viven en Vitoria especialmente de las ayudas sociales”. “Decir esto ya sé que no es políticamente correcto, pero como es una verdad como un pino la digo, porque quiero que se cambie y se mejore”, insistió. Por el momento, sus llamamientos no han tenido éxito. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, ya ha descartado modificar los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos. Para acceder a esa ayuda, los ciudadanos inmigrantes deben acreditar una antigüedad de tres años de residencia en Euskadi, y algunos sectores apuestan por elevar el tope, pero el Gobierno vasco ha esgrimido que Lanbide no puede ser más estricto que los servicios de extranjería del Estado o las propias fuerzas de seguridad. En cualquier caso, recordó que se pondrán 18 personas al servicio de una unidad interna de apoyo en Lanbide que reforzará el control de las ayudas.

encuestas Maroto volvió a apostar ayer por cambiar la ley que regula la concesión de las ayudas sociales y, con ello, volvió a exprimir un argumento que podría tener su público en determinados sectores de la CAV. En ese sentido, el barómetro del Observatorio Vasco de Inmigración – Ikuspegi 2013 reflejaba que el 65% de los encuestados cree que los inmigrantes se benefician en exceso del sistema de protección social. Esa respuesta ha subido seis puntos en tan solo un año. Maroto lleva varias jornadas introduciendo el argumento de las ayudas sociales en su discurso, y lo hace en puertas de las elecciones municipales y forales de mayo del próximo año.

No obstante, sus declaraciones han desatado una intensa crítica política, y SOS Racismo ha llamado a la puerta de la Fiscalía de Araba al entender que sus palabras podrían ser “constitutivas de un delito de incitación al odio por motivos raciales o étnicos”. Por ello, la asociación reclamó que se abran diligencias de investigación. PNV, EH Bildu y PSE han acusado al regidor popular de fomentar la xenofobia.