Barack Obama se reunió ayer con los presidentes de los países que le están ocasionando más quebraderos de cabeza este verano, después de Irak, Rusia e Israel en Gaza: Juan Orlando Hernández, de Honduras; Otto Pérez Molina, de Guatemala; y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador. Esos tres países son el punto de partida de una oleada inmigratoria que amenaza con desbordar a las autoridades fronterizas del sur de Estados Unidos y que ya ha provocado más tensión entre el presidente y la oposición republicana que controla la Cámara de Representantes.

Esta ola de inmigrantes tiene un rasgo diferenciador: gran parte de las personas que acuden a EEUU son menores de edad que viajan solos. Entre octubre y junio han sido detenidos 57.000 niños que habían cruzado la frontera ilegalmente, según cifras oficiales, que se suman a varios miles más que han llegado con sus familias. La afluencia de menores de edad está planteando problemas adicionales a las autoridades, que literalmente no saben qué hacer con ellos, ni con la oleada de xenofobia entre algunos sectores de la opinión pública del país.

Y ahí es donde llega la propuesta que Barack Obama hizo ayer a sus homólogos centroamericanos: establecer un sistema en virtud del cual las autoridades inmigratorias estadounidenses decidan, en los países de origen, qué menores pueden ser considerados refugiados y, por tanto, tengan derecho a un visado en EEUU. A cambio, Washington aceleraría los procesos de extradición de los menores que entran ilegalmente en su territorio, y los países centroamericanos se comprometerían a reforzar el control de la inmigración ilegal.

Los criterios para determinar qué niños tienen derecho a un visado de refugiado serían los mismos que ya se aplican, que incluyen el riesgo de ser víctimas del crimen organizado, un problema que se está extendiendo en Centroamérica a medida que la presión del Gobierno de México obliga a los narcos de ese país a trasladar sus operaciones al sur. Otras causas por las que EEUU concede el estatus de refugiado incluyen, por ejemplo, riesgos para la seguridad personal derivados de la orientación sexual de las personas.

El programa –que empezaría en Honduras y después se aplicaría en Guatemala y El Salvador– no es nuevo. Ya fue aplicado en los años 70 con los llamados boat people (la gente de los barcos), que huyeron en masa echándose al mar de la conquista comunista de Vietnam, Camboya y Laos, y en los 90 con la oleada de inmigrantes ilegales que escaparon del caos de Haití a Florida y a la base de Guantánamo, en Cuba.

Otra cosa, sin embargo, es que el sistema funcione. Obama aprovechó ayer el encuentro con los jefes de Estado de El Salvador, Honduras y Guatemala para pedirles más control de las mafias de traficantes de seres humanos que operan en sus países. Los países afectados, sin embargo, afirman que carecen de medios para contener la explosión del crimen, y culpan a la siempre paralizada reforma de la inmigración de Estados Unidos del flujo de inmigrantes. Obama ha pedido un presupuesto extra de varios cientos de millones de dólares al Congreso en ayuda técnica a esos países.

Pero la oposición republicana ha decidido aplicar una estrategia de cuanto peor, mejor, por lo que la propuesta no parece que vaya a ir a ninguna parte. Eso se suma a los temores de que el plan de la Casa Blanca acabe reforzando el efecto llamada entre la población de esos países, muy especialmente de Honduras.

Debido a esa razón, el Departamento de Estado está todavía considerando el plan de otorgar un estatuto de refugiado a los hondureños. El problema es políticamente más complicado aún porque varios de los congresistas de los distritos situados en la frontera son demócratas, pero proponen una política de mano dura. Proceden de áreas rurales y conservadoras en las que una defensa de las personas sin papeles puede costarles la reelección en los comicios legislativos del 4 de noviembre.

Por ahora, los mayores beneficiarios de todo el caos son los coyotes, es decir, los traficantes de personas que transportan a los refugiados, a menudo en situaciones inimaginables, a través de México, que utilizan leyendas urbanas como que Estados Unidos da asilo a las familias con hijos o a los menores de edad.