Tortura y malos tratos en los pasos fronterizos, devoluciones ilegales y condiciones precarias en el desbordado Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceti). Varios colectivos defensores de los derechos humanos, que llevan meses denunciando vulneraciones en Melilla, presentaron ayer las conclusiones de la comisión que del 3 al 6 de julio se desplazó al territorio fronterizo para analizar la situación.

El informe de la comisión, representada por miembros de la Campaña estatal por el cierre de los Cies, de la Coordinadora de la denuncia de la tortura, de Acción Comunitaria y del Observatorio del sistema penal y derechos Humanos de la UB; concluye que hay «violencia policial a ambos lados de la valla» y que en los últimos tres meses 230 personas han sido devueltas ilegalmente. Para Andrés García, de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, «ocurre en un marco de impunidad absoluta», de ahí la necesidad de que la sociedad tome conciencia y los gobiernos actúen.

La situación en el Ceti de Melilla no es menos alarmante. El informe constata que pese a tener una capacidad de 480 personas, la ocupación es tres veces mayor: 2.161, de las cuales 435 son menores. Ello implica que se apliquen «soluciones improvisadas y peligrosas como tiendas de campaña, literas o vallas», denunció Christian Orgaz, integrante de la campaña para el cierre de los Cies. El centro experimenta «saturación, convivencia forzada y escasez de recursos». Sólo hay dos traductores y una psicóloga para los más de 2.000 inmigrantes allí retenidos.

«Abandono» de los niños

Las peticiones de asilo, la situación de los menores y la asistencia sanitaria son los otros ámbitos analizados. «Hemos constatado el absoluto abandono por la protección de los menores no acompañados», denuncia, lo que provoca falta de escolarización y desasistencia sanitaria de los niños. Para resolver el problema endémico, el informe insta al Gobierno a respetar los convenios y tratados internacionales, a realizar investigaciones internas ante las situaciones de omisión del deber de socorro por parte de las fuerzas de seguridad, a cesar las devoluciones «en caliente» o a incrementar los recursos económicos para el Ceti. También exigen al Gobierno de Marruecos el cese de los malos tratos.