Más de 57.000 niños no acompañados han sido detenidos este año en la frontera

Barack Obama no quiso venir a El Paso. Cuando hace dos semanas visitó varias ciudades de Texas, el gobernador del estado le invitó a acercarse a la frontera con México, para ver con sus propios ojos la crisis humanitaria que ha supuesto la llegada de miles de niños sin sus padres, procedentes de Centroamérica. Pero el presidente rechazó el ofrecimiento, alegando que conocía bien las cifras: 57.000 menores no acompañados han sido aprehendidos por las patrullas fronterizas en el último año, un notable incremento respecto a cifras anteriores. También repuso a los republicanos que esto no es «como Katrina», el huracán que en 2005 asoló el sur de Estados Unidos y cuya devastación no fue de inmediato comprobada in situ por George Bush, lo que le valió grandes críticas.

Obama dijo no querer una «photo – opportunity». «Pero el presidente tiene que ver las cosas él mismo; es fácil devolver a miles de niños desde una oficina, sin ver que son personas que necesitan ayuda», afirma Yani Peña, emigrante de El Salvador, madre de dos chicos pequeños nacidos en suelo estadounidense, pero con familiares menores que en cualquier momento pueden aparecer en la frontera.

Yani cree que muchos de los niños que llegan son hijos de mujeres inmigrantes; una vez ellas se han abierto camino en Estados Unidos hacen lo posible para que los hijos que dejaron atrás crucen también Río Grande, y para eso están dispuestas a pagar a mafias de tráfico de personas. La hermana de Yani espera reunirse a este lado de la frontera con un hijo que ha debido crecer en El Salvador sin ella.

La crisis no está localizada en un punto específico, sino que se extiende a lo largo de la línea de 3.145 kilómetros que separa los dos países más poblados de América del Norte. En El Paso, en el centro de esta línea divisoria que va del Atlántico al Pacífico y uno de los lugares más simbólicos del contacto entre Estados Unidos y México – en la otra orilla de Río Grande está Ciudad Juárez – , llevan ya 742 detenciones de menores no acompañados de familiares desde comienzos de año.

En 2000 se llegó a un récord de 1,6 millones de personas aprehendidas por las autoridades estadounidenses en toda la frontera. La mejora de la seguridad, que cada vez hizo más impermeable la línea divisoria, disuadió a muchos mexicanos y centroamericanos de viajar hacia el norte. En 2011 se alcanzó un mínimo de 327.577 detenidos. Desde entonces ha aumentado el contingente de menores que intentan entrar en Estados Unidos, especialmente en el caso de los procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Con los presidentes de esos tres países se reunió Obama el viernes en la Casa Blanca, con el fin de coordinar ayudas que combatan situaciones que están provocando ese alza de marcha de niños y jóvenes. La principal razón de esa huida se atribuye a la extensión de la violencia de las pandillas o maras.

Los republicanos, en cualquier caso, culpan a Obama de un efecto llamada con su decisión de 2012 de no expulsar de Estados Unidos a los jóvenes residentes en el país que de niños llegaron ilegalmente con sus padres. Dada la negativa republicana a aprobar la ley Dream, que debía regular su situación como paso previo para abordar la regularización del resto de inmigrantes ilegales, el presidente Obama aprovechó sus poderes presidenciales para salir en ayuda de esos «soñadores» («dreamers», por el acrónimo de la ley no aprobada).

Aunque ha sido el presidente que más expulsiones de inmigrantes ilegales está llevando a cabo en su mandato, ha hecho una excepción con quienes entraron en el país con sus familias, sin culpa por su parte. «Creen que si ellos van tampoco los van a echar», dice el Consejo Nacional de la Raza (CNLR), el principal grupo de presión en EE.UU. a favor de los hispanos, en relación a los miles de menores centroamericanos que en los últimos meses se han lanzado hacia el norte. El CNLR llama a un trato «humanitario» de esos niños y adolescentes y alerta del «discurso del odio» que han aprovechado para lanzar algunos grupos que rechazan la reforma inmigratoria atascada en Washington.

En el paso fronterizo de El Paso este verano las colas para entrar en EE.UU. proceden con algo de lentitud. Los adultos que van con niños deben contestar más preguntas y los documentos de los menores se examinan con más atención. Sin embargo, no es en esos controles donde se aprehende a la mayor parte de los inmigrantes ilegales, sino en lugares en campo abierto donde intentan burlar las patrullas de frontera y saltar las vallas.

En muchas ocasiones los niños se entregan directamente a los agentes, confiando en una benigna aplicación de la ley que ha complicado la gestión del problema. Una ley aprobada por republicanos y demócratas durante el mandato de George W. Bush, pensada para niños objeto de abusos o de tráfico sexual, obliga a un cuidado proceso, con asistencia de jueces, para determinar si se les debe dar acogida como medida de protección. La normativa afecta a niños que lleguen de Centroamérica, no de México, pues es más sencillo entregar de inmediato a los autoridades mexicanas a sus nacionales que hacerlo a países no limítrofes.

Se calcula que los traficantes de personas cobran entre 4.500 y 6.000 euros por cada emigrante indocumentado que llevan desde Centroamérica a la frontera con Estados Unidos. Quien opta por tener ayuda solo para cruzar la frontera debe pagar unos 375 euros, en caso de adulto, y unos 150 euros si es menor.