El Gobierno vasco ejecutó en 2013
en su parque de viviendas protegidas
de alquiler un total de 74 desahucios.
Pero, en general, no se
trató de «una incapacidad económica
sobrevenida» de los inquilinos
motivada por la crisis y que
acabó en morosidad. Se trató más
bien de que, además de los impagos,
se hallaron graves infracciones
en los pisos. En los casos más
extremos, los arrendatarios habían
convertido la VPO «en un prostíbulo
» o habían cedido la casa a okupas,
aunque las irregularidades
más comunes fueron los episodios
de problemas de convivencia con
los vecinos y la insalubridad.
De hecho, el Gobierno vasco, a
través de la sociedad pública Alokabide
–que gestiona 11.293 viviendas–,
intenta alcanzar un
acuerdo de pago previo a la vía judicial
y, en su caso, al lanzamiento.
En 2013 se suscribieron 565 pactos
de este tipo y sólo se procedió al
desalojo si a los impagos se sumaban
otras irregularidades.
El Departamento de Empleo y
Políticas Sociales, competente también
en materia de Vivienda, ha enviado
al Parlamento a instancias de
UPyD un completo informe con los
75 expedientes de desahucio abiertos
en 2013 en viviendas de titularidad
pública. Finalmente, los desalojos
ejecutados fueron 74 (47 en Álava,
18 en Bizkaia y 9 en Gipuzkoa)
porque «uno de los procedimientos
judiciales que se estaba tramitando
terminó en enervación al abonar el
inquilino íntegramente la deuda».
En total, los titulares de VPO expulsados
de sus viviendas adeudaban
377.765,55 euros a la Administración,
una media de 5.104,94 por cabeza,
aunque en algún caso se superó
los 11.000 euros de impago.
La documentación del Gobierno
recoge episodios llamativos. En
tres casos los inspectores detectaron
pisos-patera, viviendas con
«sobreocupación». También se hallaron
varios «subarriendos» a terceros
para obtener un beneficio de
la VPO o para hacer más llevadera
la renta social.
Asimismo, en abril Vivienda se
encontró con una «usurpación» del
piso público de alquiler en el que
«okupas con menores vivían sin
agua» en situación de «insalubridad
». Causaron, además, «daños a
terceros». Y en noviembre apareció
un prostíbulo en una vivienda algo
considerado como «actividad ilícita»
y que motivó la inmediata rescisión
del contrato con Alokabide.
El mayor foco de problemas, sin
embargo, fueron las malas relaciones
del inquilino con la comunidad
de vecinos y que van desde la «instalación
de parabólica sin permiso»
a «problemas en la pareja» pasando
por menores desatendidos, animales
abandonados, «ruidos demostrados
con fonometrías» o viviendas
«en condiciones higiénico-sanitarias
deficientes». Uno de los casos más
graves, detectado en febrero, fue el
de un varón «con problemas psiquiátricos
graves sin diagnosticar y
sin tratar» que causó «problemas de
convivencia muy serios» en su portal
y en el entorno, incluyendo
«amenazas», «acoso» y «exhibicionismo
» delante de menores.
En otro puñado de casos los inspectores
denunciaron a personas
con capacidad económica que acumulaban
sistemáticamente meses
de alquiler sin pagar. Vivienda deriva
algunos de los expedientes a
los Servicios Sociales para que
atiendan a esas familias.