Las peticiones para obtener la nacionalidad
española se apilan durante
años en varios registros civiles.
Entre otros, ocurre en Sabadell.
«Es el peor de España», sentencia
Lamine Souane.
Este senegalés afincado en la
ciudad desde 2007 acudió en 2011
para comenzar el proceso para nacionalizarse.
Revisaron la documentación
que recabó en su país –«por
cada papel son unos 100 euros, en
total 400», apunta– y le dijeron que
regresara en enero de 2015. Pese a
cumplir los requisitos, Souane lleva
más de un trienio aguardando a que
el trámite arranque.
Cuando en unos meses vuelva a la
oficina, le quedarán más trabas.
«Pensaba que estarían más avanzados
que en mi país. Demuestra ineficacia
y falta de respeto a los derechos
de la ciudadanía», reflexiona.
Sabadell es reflejo de una lentitud
que se repite en otras localidades.
«En Cornellà, dan hora para 2019;
en L’Hospitalet, para 2018; en Terrassa,
para 2017; en Santa Coloma de
Gramenet, para 2020, y en Barcelona,
para 2016», enumera Antonio Segura,
vocal de la comisión de extranjería
del Colegio de Abogados de
Barcelona. «Lo más grave es la diferencia
con otras ciudades. En Vic se
tarda un mes y en Figueres o en Sevilla
no hace falta cita», compara.
Además de postergar el derecho
a voto u obstaculizar la nacionalización
de hijos menores, el retraso dificulta
transitar por el continente, ya
que los permisos de residencia y
trabajo no bastan para eludir contratiempos.
«Si quiero ir a otro país,
no puedo quedarme. Sé ocho idiomas,
cuatro internacionales. Con la
nacionalidad, podría moverme por
Europa y trabajar», alega Lamine,
que ha debido desechar una posible
oferta en Alemania.
La primera cita se pospone en Sabadell
hasta 2018, denuncia la Federación
de Asociaciones de Inmigrantes
del Vallès (FAIV). La organización
estima que los extranjeros en
lista de espera pueden ser 5.000.
«Hacia 2009 avisamos que podía
convertirse en un embudo», atestigua
Hugo Colacho, de la FAIV. «No
se creyeron que mucha gente iba a
tramitar su nacionalidad. Entonces,
se demoraban un año y medio o dos.
Había sólo dos personas trabajando,
como ahora», añade.
El colectivo lamenta que puedan
perderse más de ocho años sólo en
el procedimiento, que se suman a
la odisea para dar con un contrato
y conservarlo. «La mayoría estuvimos
dos o tres años para obtener
una oferta válida e iniciar el período
para pedir el trámite, en condiciones
que los españoles no aceptarían
», subraya Colacho.
La dilación provoca con frecuencia
que se deban presentar de nuevo
informes que caducan. Ocurre con
los antecedentes penales, lo que conlleva
un sobrecoste para el aspirante.
«En Uruguay, la documentación
cuesta 130 euros. En otros, 200 o
300», protesta Colacho, con pasaporte
desde 2013, un año más tarde de
que su petición se aprobase.
El Colegio de Abogados señala
que son escasos los municipios que
hacen una criba previa para validar
los dictámenes y ahorrar al demandante
el engorro de recopilar otra
vez los comprobantes. «Hay países
donde no es fácil conseguirlos»,
apercibe Segura, «en Nigeria, por
ejemplo, es una odisea y en Venezuela
o Colombia sólo se consiguen
en la capital, lo que implica desplazamientos
para los familiares».
«Se vulneran derechos fundamentales,
como el derecho al trabajo y a
la libre circulación», sostiene el letrado
Raúl García, que asesora a la
FAIV. Recalca otro problema, el lapso
desde que la solicitud es refrendada
y hasta que se posee el pasaporte:
«Se notifica que se aprueba, pero
aún no tienen la documentación y
puede que se caduque la residencia.
La ley no establece medidas provisionales
porque no contempla retrasos
tan brutales».
En la capital catalana, se ha llegado
a aplazar un año la jura de nacionalidad
desde que la propuesta
se ratifica. «Ahora se espera unos
ocho meses, como en otras poblaciones.
En diciembre de 2012, se
concedieron 5.000 nacionalidades
en Barcelona, cuando se hacían 60
juras al mes», revela Segura.
El Departament de Justícia costea
el material y el personal de los registros,
cuya gestión depende del Ministerio
de Justicia. La conselleria designó
10 funcionarios en febrero para
aliviar el «alud» de juras que se acumula
en Cataluña, unos 145.000 expedientes
en los últimos años. El refuerzo
se limita a inscribir personas
naturalizadas ante notario, una vía
de escape que Madrid trazó.
En cuanto a la posibilidad de incrementar
la plantilla en los registros,
el departament contesta que está
condicionado a que la Dirección
General de Registros y del Notariado
lo reclame. Ese órgano depende
del ministerio, que pretende descargar
los registros civiles delegándolos
a los mercantiles.
El Colegio de Abogados se pregunta
si, con ese cambio, las citas
ya convocadas seguirán en pie.
Además, el Ejecutivo de Mariano
Rajoy ha implantado una tasa de
75 euros para quien emprenda la
nacionalización.