UNA polémica artificial que no cesa. ¿A quién le conviene que, tras treinta años de presencia estable de población inmigrante en Gasteiz, se agiten las aguas de la sensibilidad social, en contra de aquellos y aquellas a los que disponer de una simple Autorización de Trabajo y Residencia les ha supuesto en ocasiones tres, cinco o diez años de estancia irregular?

En los últimos treinta años la población inmigrante llegada a partir de los años 80 se ha ido asentando, estableciendo, trabajando y socializando en condiciones de desigualdad con las dificultades propias que conlleva siempre rehacer las propias vidas, incluyendo las de sus allegados, prácticamente desde cero: idioma, vivienda, educación, socialización, costumbres, convivencia, trabajo, entre otros obstáculos. La llegada a Gasteiz y al País Vasco de estas personas ha sido una vía secundaria de las corrientes migratorias que acceden – por necesidad – a las puertas de una Europa cuyo nivel de vida es notablemente superior al de los países de los que proceden.

Muchos de ellos han dejado la vida en el tránsito y la siguen dejando entre pateras, alambradas, cuchillas y demás instrumentos inhumanos de la civilizada Europa. Se trata de disuadir a los más necesitados de que no merece la pena huir de la miseria, del hambre o de las guerras que justifican las industrias locales – militares para obtener sabrosos beneficios, y que además crean puestos de trabajo.

Por ejemplo, en la década de los 80, en Gasteiz, también en otros municipios de la Llanada Alavesa, se acogió a centenares de temporeros de la patata, la mayoría de ellos argelinos y marroquíes. Cuando las lluvias de otoño impidieron que se recogiera la cosecha y, por tanto, no les contrataron, se refugiaron en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Alegría – Dulantzi. Cómo no recordar también el encierro en Gasteiz durante casi tres meses de los argelinos – todos sin papeles – durante la guerra civil en su país. O los 426 vecinos empadronados durante el mandato de José Ángel Cuerda que fueron desempadronados por el alcalde Alfonso Alonso, 248 de los cuales fueron reempadronados por sentencia judicial y desempadronados otra vez. Cabe recordar a las familias bosnias refugiadas de la guerra de los Balcanes. Un poco más tarde, los rumanos, inmigrantes de cuarta categoría y hoy conciudadanos comunitarios, que fueron objeto de marginación social al no ser empadronados. Se les asentó en un descampado abierto en un polígono industrial a las afueras de Gasteiz, sin agua ni luz, ni servicio de ningún tipo. Más tarde, el Ayuntamiento les facilitó el agua y la corriente. ¿Eran vecinos o no?

Como estos ejemplos, hay varios más que nos hablan de un determinado blindaje social, inducido en parte y también exacerbado por la escasa disposición de las instituciones públicas para resolver problemas de inserción social en igualdad de trato y de condiciones justas. Además, los comunes denominadores que limitan todo esto son también las vigentes y denunciadas Leyes de Extranjería y de Asilo y Refugio.

Estas personas, vecinos y vecinas de Gasteiz, han trabajado, pagan impuestos y cuando se quedan sin empleo, legalmente acceden a solicitar el paro, las Ayudas de Emergencia Social, la RGI o la PAV en las mismas condiciones que los vascos y gasteiztarras de toda la vida, cumpliendo con todas las exigencias burocráticas necesarias que, por cierto, no son pocas. Las entidades sociales, que actúan en general sin ayuda institucional desde hace años, intentan aportar algo de sentido común social a aquellos que enturbian, por un interés político particular, unas relaciones sociales y ciudadanas en ausencia de graves conflictos de convivencia en Gasteiz.

Por muchas razones más amonestamos a aquellos que hacen bandera desde el poder municipal o desde cualquier otra institución para dañar de manera premeditada la natural inserción social en la vecindad local de los nuevos vecinos y ciudadanos. Les instamos a que se excusen y pidan disculpas a aquellos vecinos y vecinas de hecho y de derecho.* SOS Racismo Araba