Javier Maroto, alcalde de Vitoria por el PP, se ha movido siempre bien en la polémica. En lo que se refiere a la inmigración, se ha visto envuelto en unas cuentas, de las que él mismo ha creado varias, sobre cuestiones como el supuesto fraude en el cobro de las ayudas sociales y las dificultades de “integración” de los ciudadanos procedentes de algunos países; sobre todo, del Magreb. Un sector de la población defiende que el dirigente del Partido Popular sólo refleja una realidad que sintoniza, además, con la sensación mayoritaria, como se ha visualizado este miércoles en los comentarios en redes sociales y en medios digitales como elcorreo.com. Para otros, enarbola un discurso falso e inaceptable en un representante público, que busca obtener réditos electorales a cambio de agitar el árbol de la xenofobia. Maroto y su particular forma de entender la política no suelen dejar indiferente a nadie.

Sus palabras que han encendido la última controversia no son las primeras que pronuncia en ese mismo tono ni con ese mismo mensaje. El pasado martes sostuvo que hay magrebíes, no todos pero sí un colectivo mayoritario, que viene a Euskadi a vivir de las ayudas sociales – es la comunidad autónoma que ofrece las más generosas – y que no pretende trabajar e integrarse, algo que sí aprecia en el colectivo latinoamericano. “Yo digo lo que se dice y se piensa en la calle”, suele justificarse. “Hay gente que está hasta el rabo de la boina de la gente que viene a vivir de sus impuestos”.

En su carrera como alcalde de Vitoria – durante ocho años fue concejal de Hacienda en el mandato de Alfonso Alonso, hoy portavoz del PP en el Congreso – , Maroto ha cultivado su discurso sobre la inmigración con palabras medidas y con permanentes alusiones al fraude que, efectivamente, se ha destapado en casos concretos de solicitantes de ayudas que no residían ya en la capital vasca o que se mantenían empadronados en ella para generar antigüedad de cara a cobrarlas en el futuro, aunque tampoco estuvieran nunca localizables. La oposición al completo (PNV, PSE y EH Bildu) le ha reprochado con constantes mociones el deje “xenófobo” y populista de su discurso. Pero nada ha amilanado al regidor.

En octubre de 2012, el alcalde de Vitoria planteó un severo decálogo de medidas para evitar que las ayudas sociales «se conviertan en un estilo de vida» y que puede resumir su pensamiento sobre este asunto.

Delincuentes. Evitar que los delincuentes cobren ayudas.

Padrón. Un mínimo de 5 años de padrón para cobrar.

Los perceptores irregulares esperarán dos años antes de cobrar.

Fraude sanitario. Se impedirá la falsificación de tarjetas sanitarias de Osakidetza.

Los que vivan solos no podrán cobrar ayudas por ecima del SMI.

Quien rechace una oferta de trabajo no cobrará ayudas.

Los perceptores realizarán trabajos comunitarios.

Lanbide podrá pedir que los perceptores acudan a su oficina.

Coordinación con Trabajo contra el fraude en empresas.

Los perceptores asumirán el principio de igualdad.

Lío por la mezquita

La polémica le acompaña desde los primeros compases de su legislatura. La instalación, finalmente fallida, de una mezquita en los bajos de unas viviendas del barrio obrero de Zaramaga fue una de las primeras ocasiones en las que tuvo oportunidad de marcar discurso en este asunto. Ya como aspirante a la Alcaldía tuvo oportunidad de prometer que se opondría a su apertura, y así lo hizo cuando alcanzó el bastón de mando municipal. De hecho, el Ararteko le expedientó por ello. El local donde se iba a instalar la mezquita, que divídía a los vecinos del barrio, llegó a ser atacado en varias ocasiones.

Los inmigrantes “con zapatillas de Prada”

La siguiente polémica que generó tuvo que ver con una frase, desafortunada o no, que se ha convertido en un episodio recurrente a lo largo de toda la legislatura. En pleno huracán de iniciativas para poner freno al fraude en las ayudas sociales, el alcalde del PP se refirió en febrero de 2012 a los «alrededor de 158» jóvenes de 18 a 23 años que cada mes recibían en Vitoria una subvención municipal para la compra de alimentos y que, según sospechaban en el Departamento de Asuntos Sociales, no siempre se destinaba a este fin.

De ellos, dijo Maroto que se les darán «garantías a esas personas que realmente no tienen posibilidad de comer», pues se les asegurará el desayuno, la comida y la cena, y se evitará, además, que ciertos perceptores «gasten el dinero en otras cosas». «Algunas veces se ve en el propio atuendo que no tienen una situación susceptible de recibir la prestación, van con zapatillas de Prada», argumentó. El aluvión de críticas fue inmediato, pero el regidor encendió la mecha de la indignación cuando se conoció que el cheque municipal para estos jóvenes estaba dotado con 658 euros mensuales. Sumado a otras prestaciones, señaló el alcalde, el ‘sueldo’ público para un menor inmigrante podía alcanzar los 800 euros.

En lugar de dinero en efectivo, Vitoria da ahora vales para adquirir comida y productos de primera necesidad en determinados supermercados conveniados de la ciudad.

Locutorios y kebabs

La polémica le acompañó también después cuando se publicaron sus intenciones de regular los locutorios de la ciudad. No se trataba sólo de impedir nuevas aperturas en algunas zonas, como el Casco Histórico, sino que les quería obligar a que el interior fuera visible a través de cristaleras desde el exterior. Y es que, según su equipo, las infracciones relacionadas con la salubridad y con los productos a la venta en esos establecimientos habitualmente regentados por extranjeros eran numerosas y crecientes. En la misma línea, también abanderó una exhaustiva investigación sanitaria en los locales de kebabs de la ciudad, que dio origen al cierre administrativo de varios de ellos.

Ante las críticas, Maroto siempre tiene la misma respuesta: “La ley es igual para todos”.

El velo en las piscinas

La última polémica antes de sus estruendosas declaraciones de esta semana tiene también a los magrebíes como colectivo protagonista. Fue a raíz de una fotografía difundida a través de las redes sociales, en la que se veía a una mujer magrebí dentro de una piscina pública vestida con la típica túnica islámica. Maroto reclamó de inmediato a los vigilantes de las piscinas que prohibieran terminantemente el acceso a las piletas de agua con ropa, lo que motivó acusaciones de racismo por parte de colectivos magrebíes. La polémica cruzó fronteras y sumó ese día minutos y minutos de televisión y espacio en todos los medios locales y regionales. La defensa de Maroto, la de siempre. “La norma es igual para todos”, y si un vitoriano no puede meterse, pongamos, con pantalones y chaqueta a la piscina, pues una mujer musulmana tampoco con su velo o hiyab. De hecho, el recordatorio del alcalde afectaba también a la prohibición de bañarse con ropa interior, una moda adolescente propia de los autóctonos más que de los nuevos vascos.