madrid – El Gobierno prohíbe por primera vez por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, regula los cacheos y fija que el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas no supere el plazo máximo de seis horas.

Así se recoge en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que ayer el Gobierno remitió a las Cortes y que explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos”, destacó Fernández Díaz, quien recordó que circulares policiales ya impedían estas prácticas.

El titular de Interior defendió que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar “los principios de no discriminación y proporcionalidad”.

Respecto a las manifestaciones, el ministro dejó claro que el nuevo texto no modifica “para nada” la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Pero si además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave.

Después de siete meses desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y tras incluir las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno remite para su tramitación parlamentaria el nuevo proyecto.

Con estas observaciones, además de algunas aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades sociales como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, el nuevo texto cuenta ahora, en palabras del ministro, “con mayor calidad jurídica”, es “profundamente garantista” y tiene “perfecto encaje” en la Constitución.

Entre las principales novedades incorporadas respecto al anteproyecto, Fernández Díaz subrayó la regulación de los supuestos excepcionales de traslado a dependencias policiales para identificación de personas. Una diligencia, enfatizó, que sólo se practicará cuando no sea posible identificar a alguien por medios físicos o telemáticos y siempre “por el tiempo estrictamente necesario”, que no podrá superar las seis horas, tal y como había solicitado el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto.

estancia en comisaría Además, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado deberán expedir un “volante acreditativo” del tiempo de permanencia en dependencias policiales. Fernández Díaz también destacó como novedad el artículo 20, en el que se regula por primera vez la práctica de los registros corporales externos, más conocidos como cacheos, y que estarán sometidos a los principios de “no discriminación e injerencia mínima”.

Respecto al régimen sancionador, las infracciones muy graves estarán multadas con entre 30.000 y 600.000 euros; las graves, con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas 100 a 1.000 euros, las mismas cantidades hasta ahora vigentes.

Precisamente, otra de las novedades respecto al primer borrador es la división de las sanciones muy graves y graves en grados máximo, medio y mínimo. Como norma general se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como reincidencia y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad. Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor. – Efe