Los ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna  actividad
delictiva podrán ser trasladados a comisaría para su identificación y
ser obligados a permanecer allí durante un máximo de  seis horas, según
el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado  por el Gobierno en
el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de  los Diputados.

MADRID. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado este  viernes el texto aprobado por el Ejecutivo con numerosas  modificaciones respecto al primer anteproyecto de noviembre del  pasado año. Los cambios obedecen a las recomendaciones recibidas  desde numerosos órganos consultivos y organizaciones sociales y que  “enriquecen” el texto, según el ministro.

Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye  a la denominada ‘Ley Corcuera’ de 1992, es “profundamente garantista”  y tiene “pleno encaje” en la Constitución. Divide las sanciones en  tres niveles, leves (multas de entre 100 y 600 euros), graves (entre  601 y 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros).  Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en  grados: mínimo, medio y máximo.

Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las  manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual  regulación y “sólo pretende sancionar las acciones violentas,  agresivas o coactivas” y, además multa, la perturbación del  desarrollo de una manifestación.

CONCENTRACIONES FRENTE AL CONGRESO

Por su parte, las concentraciones frente al Congreso, el Senado o  las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si  no han sido comunicadas y se elevan a graves si además están  acompañadas de una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

En este punto, ha reconocido que este proyecto de ley no hubiera  influido en la absolución de los responsables del asedio al  Parlament, ya que fueron juzgados por el Código Penal. Sin embargo,  ha asegurado que por la vía administrativa sí hubieran tenido que  hacerse cargo del pago de una multa.

Fernández Díaz ha insistido en que el objetivo es garantizar la  seguridad ciudadana “sin menoscabo alguno” a los derechos  fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce a  los ciudadanos.

Para eso se ha servido de los informes de la Agencia Española de  Protección de Datos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder  Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado y también ha incluido  aportaciones de Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam,  con las que el ministro ha reconocido importantes discrepancias pero  a las que ha agradecido su colaboración.

Esta normativa se tramitará en paralelo a la reforma del Código  Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas  punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas  se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

IDENTIFICACIONES SIN DISCRIMINACION

Otra de las novedades, según ha expuesto el ministro, es que la  ley incluirá la necesidad de cumplir los principios de no  discriminación y proporcionalidad en las identificaciones, evitando  así legalmente las identificaciones masivas o por razones étnicas.

En cuanto a las retenciones por un máximo de seis horas, ha  añadido que además se llevará un libro de registro que se remitirá al  Ministerio Fiscal y se expedirá al retenido un volante acreditativo  de su situación, el tiempo que ha permanecido y los funcionarios que  han participado en la diligencia.