La gestión de las ayudas a personas en grave situación económica se ha convertido en un quebradero de cabeza para el gobierno municipal. A los problemas ya conocidos de exceso de demanda y rebaja del presupuesto, con todo lo que ello conlleva, se ha sumado este año la constatación de que una banda organizada trataba de rentabilizar las enormes colas que se han producido.

Según fuentes municipales, personal de Benestar Social detectó que estas personas, presumiblemente pertenecientes a un país del este de Europa, trababan de hacerse con todos los números de atención del día que podían. A partir de aquí condicionaban de hecho la atención y se dedicaban a vender por 5 euros los puestos para poder se atendidos.

De esta forma ponían en un apuro a los afectados, todos ellos con graves problemas de supervivencia económica, que precisamente acudían a solicitar una ayuda municipal para el pago del alquiler, recibos de energía o alimentación.

No conformes con esta especie de impuesto revolucionario a los que nada o muy poco tienen, integrantes del grupo hacían cola para obtener impresos de solicitud. Después los vendían a un euro a la gente que esperaba, que prefería tenerlos por anticipado para rellenarlos con calma.

Tras producirse varias denuncias, el gobierno municipal tomó medidas de inmediato para acabar con esta práctica, La primera de todas, la presencia constante de varios agentes municipales en la lonja a fin de vigilar la cola y atender posibles reclamaciones.

Igualmente, los funcionarios de Benestar Social recibieron instrucciones para controlar la entrega de los impresos, a razón de uno solo por solicitante, lo que dificultaba esta sorprendente reventa.

Contramedidas

De otra parte, los responsables municipales optaron ya el segundo día por ampliar el horario y descentralizar la atención a los cientos de solicitantes. De esta forma, se facilitaba el acceso a la ventanilla garantizando que entrarían en el cupo del día.

En el caso de la sede municipal, la oficina de Benestar Social de la lonja ha estado abriendo por las tardes para atender la avalancha de solicitantes. Además, se ofreció la alternativa de las Unidades Básicas de Acción Social de A Doblada y Coia, lo que permitió aflojar la presión que soportan los funcionarios de la Praza do Rei.

La entrega de estas ayudas ha provocado un aluvión de solicitantes pese a que el gobierno de Abel Caballero ha endurecido las condiciones. Se exigen unos ingresos mínimos (variable en función del número de miembros de la unidad de convivencia) y llevar al menos tres años empadronado en Vigo. Y en el caso de los extranjeros, disponer a mayores del permiso de residencia.

Entre todos ellos distribuirá el Concello 1,8 millones de euros (ampliables en 200.000 euros si la cifra se queda corta) para que destinen el dinero que les entregue el Concello al pago del alquiler o la hipoteca, en su caso; abono de recibos de energía o la adquisición de alimentos.

Precedente negativo

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo lunes y se cuenta con que serán varios miles. A partir de esa fecha se chequearán todas las peticiones para comprobar la documentación a fin de repartir el dinero existente, que se entregará cuando el proceso finalice.

Precisamente, en la primera edición de esta ayuda, en el 2013, el retraso en la entrega de los cheques provocó una gran polémica. Tras varios informes de Intervención criticando el desarrollo del proceso, los pagos se llevaron a cabo en vísperas de las navidades. Mientras, el concejal entonces responsable, Santos Héctor Rodríguez, tuvo que dar explicaciones ante el pleno.