Dalisei tiene cinco años y pasó su primera noche en EE.UU. en prisión. Su madre había pagado 5.000 dólares al coyote para que las sacara de un pueblo de Honduras y las llevara a la frontera estadounidense. Por la noche, cruzaron el Río Grande en un bote. Pero una vez logrado ese salto y tras caminar cinco horas por los descampados de Texas, la policía las detuvo. Hambrientas y exhaustas, fueron trasladadas a la estación de la policía en McAllen. «Dormimos en el suelo», relata la madre de 27 años, que pasó cinco días bajo custodia. Les daban una tortilla, una manzana y una botella de agua por día. Dalisei lloraba. «Uno llora cuando creía que todo sería distinto», cuenta su madre.

Como ellas, cada día cientos de inmigrantes llegan al valle de Río Grande, que separa México de EE.UU. Vienen con las manos vacías y muchas veces con grandes deudas. No poseen nada más que las desgastadas ropas que visten. Un muchacho de 11 años guatemalteco que fue hallado muerto en tierras solitarias no vestía más que botas y tejanos. Había grabado el número de teléfono de su hermano de Chicago en su cinturón.

Mientras los políticos en Washington se zancadillean a propósito de la reforma migratoria, comisarías y juzgados se colapsan ante el aluvión. Desde octubre las autoridades de EE.UU. detuvieron a más de 52.000 menores que no se encontraban en compañía de ningún mayor. «Es tremendo. Hay muchos traficantes de droga, muchos asesinatos», cuenta una mujer de Guatemala sobre la realidad que la impulsó a abandonar su país. «A veces matan a la gente así, sin vueltas», asegura su hijo de 12 años desde un refugio improvisado en una iglesia de McAllen.

Al parecer, quienes se lucran con este negocio difunden información errónea sobre las políticas de inmigración de EE.UU. para atraer a más personas. Algunos incluso aseguran que el Gobierno reparte permisos de residencia o de estancia. De hecho, se les entrega un formulario legal pero es distinto de lo que esperaban. Es una citación al juzgado que decidirá sobre la deportación. Los 230 jueces competentes en inmigración deben asumir 360.000 casos, es decir, más de 1.500 cada uno. Muchos de ellos tardan años, y el atasco judicial crece y crece.

Si fuese por Obama, la policía debería decidir directamente en la frontera si se envía de regreso a los centroamericanos o si se espera a que su caso sea evaluado por la Justicia en el caso de que exista amenaza, persecución, o el peligro de que los migrantes caigan en redes de trata de personas. Sin embargo, es poco probable que un niño de cuatro años convenza a un oficial de frontera con sus miedos, critica Wendy Young, de la organización Kids in Need of Defense.

Muchas veces los traslados se hacen en botes para entre ocho y doce pasajeros que cruzan las aguas en plena oscuridad. Dalisei y su madre también recorrieron ese camino. Solo cruzar el río les costó 1.000 dólares. Y eso que las embarcaciones oficiales pueden estar a la vuelta de la esquina buscando a los coyotes y narcotraficantes. Algunos de los migrantes intentan cruzar a nado, cuenta un policía en el Parque Anzaldua, donde algunos pescan y otros hacen carne a la parrilla. Las patrullas no descansan.

El estado de Texas no da abasto y muchos de los inmigrantes son trasladados a otras regiones, en las que no se les ofrece mejores condiciones. Según Fox News, en el nuevo campamento situado en una base de la fuerza aérea en San Antonio proliferan las paperas, la varicela y la sarna. «Los dejan sin nada», dice Ofelia, que trabaja como voluntaria en una iglesia católica de McAllen. Los niños muchas veces están deshidratados, con gripe y tienen diarrea cuando reciben el sobre amarillo de la policía para ser transportados a una estación, desde donde parten, muchas veces sin saber ni una palabra de inglés, en viajes que pueden durar hasta 20 horas por tierra rumbo casa de sus familiares.

La avalancha no se detiene.