Los desahucios han desaparecido de las noticias pero continúan siendo una dramática realidad para muchas familias y personas. Stop Desahucios de Debagoiena alertaba de que su incidencia «está creciendo» y atribuía este fenómeno a la «rapiña de los bancos».

Según datos facilitados desde esta plataforma, en 2013 se produjeron en España 50.000 desahucios, un 11 por cien más que en 2011. De ese total, 39.000 correspondieron a viviendas habituales. De ellas, «solo 600 familias han sido realojadas en el parque de viviendas sociales del Gobierno Español».

Además, desde Stop Desahucios advertían que «muchas de las entregas de viviendas a bancos por las familias desahuciadas conllevan el mantenimiento de una deuda a perpetuidad con las entidades financieras, lo que condena a las familias de por vida».

En el caso de Euskadi, los desahucios en 2013 ascendieron a 600, de los que el 29 por cien corresponden a Kutxabank» según aseguraron desde la plataforma.

Durante su primer año y medio de actividad, los voluntarios de Stop Desahucios de Debagoiena ha atendido a 25 casos, «con problemáticas diversas y que afectan seriamente a familias de nuestra comarca».

Los portavoces de la plataforma hacían hincapié en la circunstancia de que el grueso de las familias afectadas – un 81 por cien – son de origen autóctono, y contra lo que muchos pudiera pensar, solo el 19 por cien de los casos corresponden a inmigrantes.

Los problemas vienen dados por la «falta de recursos debido a la pérdida de trabajo, situaciones de desempleo de larga duración, ingresos precarios que imposibilitan comer y hacer frente al pago de hipotecas o alquileres». Son, aseguraban desde Stop Desahucios, «deudores de buena fe». Estas situaciones desencadenan afecciones psicológicas personales que «requieren un tratamiento que nadie les proporciona».

La casuística de la atención prestada por la plataforma del Alto Deba ha incluido a «personas con la vivienda ya subastada y el desalojo de la vivienda ejecutado, así como a otros con la vivienda a punto de salir a subasta, y los más con una situaciones económicas de impago de préstamos a los que no pueden hacer frente y con amenazas de las entidades bancarias».

Asimismo, los han llegado casos de desahucios o intentos de desahucios de viviendas en alquiler social con entidades dependientes del Gobierno vasco y alguna entidad privada».

Los miembros de la plataforma dicen haber detectado «abusos e ilegalidades de todo tipo: aplicaciones inadecuada del IRPH, intereses suelo abusivos, intereses de demora entre el 17 y 25%, denegación de los derechos reconocidos por leyes a los avalistas, ausencia de información clara, cruces de avales, aprovecharse del desconocimiento del idioma de emigrantes…».