La juez que instruye la muerte de 15 inmigrantes el pasado 6 de febrero, cuando intentaban entrar a nado en Ceuta, ha recibido un buen tirón de orejas por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz, que le ordena investigar cuestiones que hasta ahora había desdeñado. En concreto, obliga a María del Carmen Serván a tener en cuenta a al menos ocho sin papeles que resultaron heridos durante la tragedia. También le insta a que identifique a todos los guardias civiles que actuaron ese día.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, suele decir que su departamento ha tenido la mayor «transparencia» posible en relación a estos incidentes, pero la información que ha aportado al sumario –vídeos, audios, informes de la Guardia Civil…– no le parece suficiente a la Audiencia Provincial, que obliga a la juez Serván a pedir también todos los datos de comunicaciones, equipos de salvamento y material antidisturbios utilizado, entre otras cosas.

Da la razón, así, a una de las organizaciones no gubernamentales personadas en la causa, la Coordinadora de Barrios, que está convencida de que los disparos de pelotas de goma y botes de humo lanzados por los guardias civiles contra los inmigrantes que nadaban les provocaron tal pánico que pudieron contribuir a causarles la muerte.

Esta ONG había pedido un buen puñado de documentación que no constaba en la causa, así como varias pruebas testificales y la identificación de los agentes que participaron en los hechos. El pasado 27 de marzo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta denegó la práctica de estas diligencias de investigación por considerarlas «impertinentes». El fiscal también se oponía a ellas.

Ahora, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de la Coordinadora de Barrios y sí las ve «pertinentes».

Censura que la instructora las obviara –«no compartimos los argumentos del auto recurrido»– y cree que «pudieran ser útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados, y en ningún caso se consideran dilatorias ni abusivas, ni su posible práctica nos muestra un índice de dificultad que pueda entorpecer el desarrollo y la buena marcha de la instrucción».

Es más, la Audiencia considera que pueden «ser perfectamente esclarecedoras o, al menos, explicativas de lo que pudo acontecer».

Y argumenta, asimismo, que «el recurso ha de prosperar», porque «en el presente caso nos encontramos con unas diligencias previas que se incoaron precisamente para dilucidar la posible existencia de actuaciones penales en el desarrollo de los acontecimientos […] en donde no se descarta […] la utilización por parte de los agentes de material antidisturbios, estando pendiente de determinación la finalidad y circunstancias de dicho empleo y si el mismo está relacionado con las muertes y lesiones sufridas por algunos de los inmigrantes».

El auto de la Audiencia de Cádiz, al que ha tenido acceso este periódico, supone el primer paso para una investigación que llevaba casi cinco meses encallada y sobre la que todavía existen muchas incógnitas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las 15 personas que murieron, según la versión del Gobierno, por ahogamiento. Pero poco se ha investigado sobre los, al menos, ocho subsaharianos que resultaron heridos y que aseguran haber recibido impactos de pelotas de goma en su cuerpo. Interior niega que el material antidisturbios alcanzara a las personas, pero hay fotografías que acreditan lesiones aparentemente provocadas por estos objetos.

Los heridos tendrán ahora que ser considerados por la juez, ya que la Audiencia Provincial le ordena tomar declaración al equipo médico que estuvo en el lugar de los hechos y realizó varios partes en los que se detallan las lesiones sufridas por ellos. Su declaración es importante, además, porque alguno de esos heridos fue expulsado en caliente por miembros del Instituto Armado. Y eso contradice la versión de Interior, que defiende que todos los sin papeles que fueron devueltos por la puerta de atrás de la valla de Ceuta se encontraban «en perfecto estado de salud» y asegura que, de no haber sido así, no hubieran sido expulsados.

También será clave la declaración de una cooperante que estuvo en contacto con los inmigrantes «inmediatamente» después de los hechos y que la instructora se negaba a llamar. El auto de la Audiencia sostiene que «puede aportar datos sobre lo observado o sobre testigos directos».

La Audiencia Provincial ordena a la juez, asimismo, identificar a todos los guardias civiles que estuvieron presentes el día de los hechos, desde los grupos especiales a los buzos, pasando por los que se encontraban en las embarcaciones. Quiere que se conozcan las horas de servicio, sus categorías, sus funciones, las órdenes que se dieron y tanto el registro de operaciones como el de comunicaciones.

En la misma línea, pide a la juez que requiera a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta un inventario del «material entregado específicamente para el desarrollo de las operaciones» –en alusión al equipo antidisturbios que demandaba conocer la ONG–, así como una relación de las embarcaciones y equipos marítimos que participaron en los hechos; el registro de geoposicionamiento, incluyendo fecha y hora de los registros de geolocalización, latitud y longitud de cada momento, velocidad y rumbo; el sonido del puente; los datos del radar; las alarmas principales; las órdenes al timón y a la máquina y su reacción, y los equipos de salvamento disponibles.

Toda esta documentación la había pedido la ONG, y la juez Serván no había considerado pertinente recabarla. La Audiencia Provincial ordena practicar ahora estas diligencias, «salvo que el contenido de algunas de ellas tuviera carácter secreto o reservado».

Disparos desde la garita
Aquel 6 de febrero la Guardia Civil disparó material antidisturbios también desde la torre de control de la valla fronteriza de Ceuta. Lo demuestran fotografías aportadas por el propio Instituto Armado al sumario del caso y que ofrecen datos nuevos y que fueron sólo parcialmente admitidos por Interior.

Hasta ahora sólo se sabía que los agentes habían lanzado pelotas de goma desde el espigón hacia el mar para delimitar una ‘línea fronteriza’ en el agua. Pero no que fueran disparos y, además, desde lo alto de una garita de más de seis metros de altura, como demuestran los cartuchos y el fusil que aparecen en la foto – arriba – . En estos documentos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, se observa una decena de cartuchos vacíos en el suelo de la garita de vigilancia 1, en la que había cuatro guardias civiles. El texto que acompaña a la fotografía en el sumario asegura que se trata de «material antidisturbios utilizado para repelar la agresión», en referencia a las piedras que algunos inmigrantes lanzaron hacia la torres desde territorio marroquí cuando supieron que varios de sus compañeros habían muerto.

Otras imágenes del sumario muestran impactos en los cristales de la garita, tal como relata la documentación oficial.