El presidente de EE.UU., Barack Obama, pedirá hoy al Congreso que le permita acelerar la deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera de su país a un ritmo de 90 por día. En concreto, pretende que se le conceda mayor capacidad para acortar el proceso de repatriación que ahora puede durar varios meses, con los menores detenidos en centros desbordados.

Ahora mismo, la ley estadounidense prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional deportar a los niños inmigrantes inmediatamente después de su llegada al país si su nación de origen no comparte una frontera con EE.UU., como ocurre con los menores centroamericanos procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En vista de esto, el objetivo del Gobierno es obtener autorización del Congreso para hacer ese proceso más similar al de los niños que llegan desde México, que pueden ser deportados fácilmente poco después de su entrada en el país.

Actualmente, los niños centroamericanos interceptados al llegar al país son reubicados en instituciones federales o con parientes dentro del país a la espera de que su caso avance en el sistema de justicia migratoria estadounidense, un proceso lento pero que al final conduce a la deportación en la mayoría de los casos.

EE.UU. ha adoptado últimamente un tono más duro para advertir de que los niños que están llegando a la frontera entran en un proceso de deportación y no podrán acogerse a la reforma migratoria que debate el Congreso ni a otras políticas en vigor. «No envíen a sus hijos a la frontera. Si llegan, los enviaremos de vuelta y, lo que es más importante, podrían no llegar», dijo Obama en una entrevista esta semana en la cadena ABC.

No obstante, los niños siguen llegando. El Gobierno se ha limitado a medidas paliativas, como la apertura de nuevos centros que sirven como albergues para los niños, el último de ellos inaugurado el viernes en Artesia (Nuevo México). Es una política sin recorrido porque los recursos que dedica al problema se consumen rápidamente ante la creciente llegada de más y más menores.

La Casa Blanca también pedirá al Congreso más flexibilidad para «aumentar las penas» contra los «coyotes» y aquellos que «trafican con migrantes vulnerables, como los niños». El Gobierno de Obama avisará además al Congreso de su intención de solicitar una «legislación de gasto suplementario de emergencia», que se prevé que ronde los 2.000 millones de dólares, aunque esa cifra aún está sujeta a cambios. El dinero se dedicará a «detener, procesar y cuidar adecuadamente a los niños» detenidos en la frontera, que suman unos 52.000 en los últimos nueve meses.

Los fondos permitirían aumentar la cooperación con los países de Centroamérica para repatriar a los inmigrantes, «afrontar las causas» de la migración y «comunicar las realidades de estos viajes peligrosos» a los ciudadanos centroamericanos. El Gobierno estadounidense anunció el pasado 20 de junio que destinaría 254 millones de dólares más a Honduras, Guatemala y El Salvador con el fin de ayudar a la reinserción de los niños. El secretario de Estado, John Kerry, se reunirá mañana en Panamá con líderes de estos países para articular la puesta en marcha de estas medidas.