El Senado, a través del grupo del PP en la comisión de Defensa en la que ejerce como portavoz el parlamentario alicantino y expresidente del Puerto Miguel Campoy, presenta esta mañana una moción dirigida al Gobierno de España «para que facilite y agilice el procedimiento de autorización para la compra por extranjeros no comunitarios de vivienda en España, conocido como visado militar». Como destapó este diario a finales de 2012, cientos de operaciones inmobiliarias con ciudadanos no comunitarios (fundamentalmente rusos e hispanoamericanos) se estaban viendo frustradas debido a la aplicación de una ley del año 1975 que delimita las zonas militares de costas y fronteras.

Ese trámite burocrático, ampliamente criticado por promotores, agentes inmobiliarios, la patronal de pymes Cepyme e incluso notarios, sigue frenando las ventas, como admitieron ayer a este diario el presidente del Patronato de Turismo y concejal de Hacienda de Torrevieja, Joaquín Albaladejo, y el principal promotor de la moción, el senador alicantino Miguel Campoy.

La propuesta del PP en el Senado incide en que ese visado militar, en las zonas de interés para la defensa declaradas de acceso restringido que se sitúen en zonas turísticas, está alterando un mercado que es básico para la reactivación económica. Tanto que, según la cifra facilitada ayer a este diario por Joaquín Albaladejo en su condición de edil de Hacienda de Torrevieja, solo en este término municipal (afectado por la normativa de Defensa junto a Orihuela Costa, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada) las ventas de viviendas a extranjeros (comunitarios y no comunitarios) en los dos últimos años se han elevado a 130 millones de euros.

La moción puede que no sea apoyada por el grupo socialista en el Senado. El parlamentario Miguel Campoy explicó a este diario que los dos responsables de la comisión por el PSOE, José María Botella y Enrique Abad, le dijeron ayer que no tenían decidida una posición al respecto. Por tanto, será hoy cuando se pueda comprobar cómo se posiciona el principal partido de la oposición en la Cámara Alta respecto a un asunto de mucho calado para la Costa Blanca, donde se lidera la salida de ‘stocks’ de la burbuja inmobiliaria y donde empieza ya a reactivarse de nuevo la construcción de viviendas, especialmente en esa zona de la Vega Baja, como constatan las últimas estadísticas del Colegio de Aparejadores de Alicante.

La solicitud de cambios en esta normativa, o al menos su flexibilización o agilización, la vienen pidiendo los dos notarios de Torrevieja, José Julio Barrenechea y Tatiana Ruiz, como recuerda Albaladejo. El problema es que el visado militar acaba dilatando el proceso y eterniza la inscripción del bien inmueble (vivienda, bungalow o suelo rústico o urbanizable) a favor de ciudadanos del Este de Europa, muy presentes en la Vega Baja.

Alcalde de Torrevieja

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el propio edil Albaladejo se reunieron en marzo pasado, en Madrid, con un grupo de diputados en las Cortes Generales y con altos responsables de los ministerios de Defensa e Industria, Comercio y Turismo. Todo sigue igual, no obstante. Al parecer, el retraso de la reforma legal reside en que es la dirección en Barcelona del Ministerio de Defensa la que tramita los cambios y hay colapso burocrático de otras zonas turísticas de España también afectadas por la zona de seguridad militar de costas y fronteras.

La patronal de los promotores Provia que preside Antonio Fernández también ha sido especialmente activa en esta reclamación legal. Este diario destapó esta disfunción inmobiliaria a finales del año 2012 tras hacerse eco de ello el titular de la patronal de pymes y abogado Cristóbal Navarro. Ante un grupo de diputados en el Congreso, Provia tildó de «anacrónica» esta ley. Muchas operaciones se frustran con la señal y las arras adelantadas por rusos.