El 80 por ciento de los vascos preferiría un hospital público a uno privado en el caso de que tuviera que someterse a una intervención quirúrgica, porque les ofrece mayores garantías y seguridad.

GASTEIZ. El Gobierno vasco ha hecho públicos hoy los datos del Sociómetro correspondiente al mes de junio que se ha centrado en la sanidad, aunque también recoge datos de carácter general.

El 88 por ciento de los encuestados opina que la sanidad en Euskadi funciona bien o muy bien y el 10 por ciento que mal o muy mal.

Este estudio sociológico constata que cada vez son más los vascos que consideran que los servicios sanitarios en Euskadi son mejores que en otros lugares del Estado y los que han utilizado los servicios de Osakidetza en el último año valoran con un 7,7 sobre 10 la calidad de los servicios recibidos.

La ciudadanía califica de forma muy positiva casi todos los aspectos del sistema sanitario, con la única excepción de la valoración de las listas de espera para consultas con especialistas e intervenciones.

A la hora de opinar sobre la suficiencia de los recursos dedicados por el Gobierno vasco a la sanidad, un 48 % considera que son los justos y un 41 % que son menos de los necesarios, mientras que solo el 2 por ciento los considera demasiados.

El 53 por ciento considera que los recursos que destina el Gobierno vasco a sanidad han disminuido respecto de los que destinaba hace cinco años y el 11 por ciento que han aumentado.

La gran mayoría de la población (82 %) opina que el sistema sanitario público debería financiarse exclusivamente a través de los impuestos, aunque sólo un 23 % cree que será así dentro de 20 años.

De hecho, un 47 % cree que el sistema sanitario público se pagará en el futuro en parte con los impuestos y en parte por cada paciente, según sus ingresos.

Con respecto a la atención médica a las personas inmigrantes en situación irregular, un 60 % opina que se debería atender a todas las personas por igual, independientemente de su situación administrativa y del tiempo que lleve empadronada en la Comunidad Autónoma.

Un 21 % cree que se les debe atender siempre que acrediten un cierto tiempo de empadronamiento y un 14 % opina que no se les debe atender, salvo en casos de urgencia.