C. Valenciana / SUCESOS
Cae otra banda que hacía contratos falsos para cobrar luego el paro
ABC, , 25-06-2014El fraude a la Seguridad Social supera los 219.000 euros; la operación se ha saldado con doce detenidos
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a doce personas y han desarticulado cuatro empresas ficticias en Castellón tras haber defraudado supuestamente a la Seguridad Social 219.176 euros mediante la realización de contratos fraudulentos.
Con esta operación se elevan a 87 las detenciones realizadas en la provincia por fraude a la Seguridad Social, junto a otros 119 imputados y nueve empresas fantasma desmanteladas, según un comunicado de este cuerpo de seguridad.
Durante la investigación, desarrollada en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, los agentes averiguaron que existían cuatro empresas, ubicadas en la capital de la Plana, que podrían estar defraudando a la Seguridad Social.
Estas firmas contrataban a trabajadores españoles y extranjeros, a los que daban de alta por periodos cortos de tiempo, y tenían domicilios sociales ficticios y falta de actividad.
El objetivo de los supuestos trabajadores era “conseguir alguna prestación o subsidio de la Seguridad Social”, como ayudas por desempleo y maternidad o rentas activas de inserción, o regularizar su situación en España para tener acceso a la sanidad pública y a prestaciones farmacéuticas.
Las empresas, dedicadas supuestamente al sector de la construcción, habían defraudado 159.618,34 euros en cuotas adeudadas a la Seguridad Social, y 59.557,66 en prestaciones ya percibidas por los supuestos trabajadores.
La Policía ha detenido a los implicados en el fraude, tanto a las personas contratadas como a los responsables de la empresa, a los que han intervenido documentación relacionada con la constitución de la entidad, nóminas, contratos laborales y recibos bancarios.
La investigación se enmarca dentro del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social impulsado en abril de 2012 para intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas.
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