La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, llevó a cabo durante 2013 una serie de inspecciones por 60 centros de privación de libertad con el objetivo de ver cómo funcionan y asegurarse que se respetan los derechos humanos de los internos. Ayer, presentó el informe en el que incluso los expertos, tanto de la institución como externos, acudieron a un vuelo de deportación. El estudio «da cuenta de la actividad desarrollada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura».

uInmigrantes. La cifra de inmigrantes que fueron expulsados del país tras ser detenidos se acerca a los 600.

uDetenciones. En total, la Policía Nacional arrestó (con ingreso en el calabozo) a 31.974 personas y la Guardia Civil a otras 14.605.

uAsilo. Valencia es la segunda provincia donde más asilo piden las refugiados, con 401 peticiones. La primera es Madrid (1.777).

Entre los aspectos más destacados del análisis se encuentra la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En la visita al de Zapadores, acudió la propia Becerril. En esta institución hubo durante el año pasado 916 reclusos (más de un centenar son mujeres), de los cuales fueron expulsados del país un 63 por ciento. Es decir, 582. Un 17% menos que el año anterior. Sin embargo, la cifra de inmigrantes detenidos por parte del Cuerpo Nacional de Policía fue mucho mayor, puesto que arrestaron a 3.882 individuos por infringir la Ley de Extranjería. Esto significa que únicamente el 15 por ciento de los arrestados fue deportado.

La Defensora del Pueblo, acudió tanto a Valencia como a Tarifa (Cádiz), aunque también estuvieron en centros de Barcelona, Madrid y Murcia. «Se trataba de visitas de seguimiento cuyo objetivo era dar traslado, in situ, a las autoridades competentes, de las conclusiones alcanzadas en las últimas visitas de inspección», señala el informe, que añade que la mayoría de los reclusos entrevistados «no expresó quejas concretas por maltrato físico, aunque algunos sí manifestaron un trato verbal incorrecto de algunos funcionarios».

Otros tres centros con calabozos fueron visitados por esta institución en Valencia: la Jefatura Superior de Policía, la Inspección Central de Guardia y la Comandancia de la Guardia Civil. Entre las recomendaciones recogidas en todos ellos se encuentra que el sistema «de videovigilancia no se adecua a los criterios de esta institución»; que hay «sanitarios de cerámica» que pueden ser usados para «agresiones o autolesiones»; «la inadecuada cumplimentación del Libro de Registro y Custodia de Detenidos»; o que las temperaturas de los calabozos «no es la adecuada». Todas ellas excepto una fueron aceptadas por la Administración.

La cifra total de «detenciones con ingreso en calabozo» realizadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también vienen reflejadas en el estudio firmado por Soledad Becerril. La Policía Nacional arrestó a 31.974 personas, la mayoría de ellas en la provincia de Valencia (16.362), seguida de cerca por Alicante (12.962).

Por su parte, la Guardia Civil detuvo durante 2013 a 14.605 individuos. En este caso, fue en Alicante donde más gente pasó por el calabozo, 6.688, por los 5.750 en Valencia y 2.167 en Castellón.

Refugiados

El de la Defensora del Pueblo no fue el único estudio anunciado. Desde CEAR vio la luz un informe sobre la cifra de refugiados que piden quedarse tanto en la Comunitat como en todo el país. Entre las principales conclusiones que ofrece es que, pese a que el número de solicitudes ha crecido – por el conflicto en Siria, principalmente – , en España sigue siendo «una carrera de obstáculos» pedir asilo. Madrid sigue siendo la autonomía con más solicitantes (1.777), seguida de Valencia (401).