Los organizadores de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE ha convocado actos en varias regiones de España para denunciar el «entramado criminal» que, a su juicio, supone la política migratoria española y en la que se enmarcan tanto las cuchillas de la valla de Melilla como las «redadas racistas» que – aseguran – lleva a cabo la Policía, los vuelos de deportación y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En concreto, se trata de una ‘Semana para pedir el cierre de los CIE’, según ha explicado la portavoz de la campaña en Madrid, Patricia Orejudo, que cada una de las ciudades pretende visibilizar uno de los «mecanismos» que emplea el Estado para la «represión» de las personas inmigrantes.

En el caso de Melilla, el colectivo ha denunciado, por un lado, las «agresiones», que según el informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura de 2013, han sufrido un total de 39 personas cuando intentaban entrar en territorio español.

Irene Ruano, también portavoz de la campaña en la capital, ha denunciado las «deportaciones ilegales, el uso de la fuerza con gases lacrimógenos o balas de goma, las actividades mafiosas con agentes marroquíes que entran en territorio español, y las fronteras flexibles» que se aplican en el sur de España.

«La muerte de 15 personas en Ceuta ha servido para normalizar la violencia y la impunidad, hacer de la violación de los derechos humanos y la integridad de las personas un negocio sufragado con fondos europeos», ha criticado.

Redadas de identificación

Sobre Valencia, el colectivo ha querido destacar la situación de los inmigrantes en el CIE de Zapadores, en la capital valenciana. «Son mecanismos al servicio de un sistema que separa a las personas, fragmenta los derechos y hace de la ciudadanía un privilegio. Pretenden que las personas extranjeras asuman esa diferencia como natural, la de pertenecer a un grupo de excluidos, de aislados y de invisibles», han lamentado.

Por otra parte, en Madrid se ha hecho hincapié en las redadas de identificación basadas en perfiles raciales, que pese a estar prohibidas, «han aumentado un 60 por ciento en 2014». «En lo que va de año se han recogido 136 avisos de controles», denuncian.

Además, han denunciado que las fuerzas de seguridad llevan a cabo estos controles «como si fuera una caza del inmigrante» cuando se va a producir de forma inminente un vuelo de deportación. En estos casos, «las redadas se vuelven doblemente discriminatorias: por perfil racial y por nacionalidad, la del destino del vuelo».

Precisamente los vuelos «de la vergüenza», según los califican, son el tema en el que se centrarán los actos de Barcelona. Los organizadores de la campaña han publicado un libro, ‘Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa’, en el que denuncian la «expansión del negocio» de la aerolínea «a costa de sustituir turistas por personas deportadas, a través de un convenio en vigor con el Estado Español por un valor de casi 12 millones de euros que se pagan con dinero público».