Desmantelan una banda criminal que documentaba a extranjeros irregulares

Detienen a 12 personas en Vigo, Orense, Santiago, Pontevedra y Marín e imputan a otras 20 por delitos sobre la inmigración ilegal, falsedad documental, estafa o contra los derechos de los trabajadores

ABC, efe, 09-06-2014

La Policía Nacional ha detenido a doce personas en distintas localidades gallegas acusados de delitos sobre la inmigración irregular, falsedad documental, estafa, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal. Además de estas detenciones han sido imputadas otras veinte personas por su relación con el entramado de empresas que colaboraban con esta organización.

Los arrestados son diez varones, cinco españoles y cinco extranjeros, y dos mujeres, ambas extranjeras, que fueron apresados en las localidades de Vigo, Orense, Santiago, Pontevedra y Marín.

Según el relato policial, la investigación comenzó en enero al descubrir que una asesoría legal de Compostela estaba tratando de documentar a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, así como a residentes en el extranjero, sin que se cumpliesen los requisitos legales.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que estaban ante un grupo u organización criminal que «emitía contratos de trabajo ficticios» a nombre de ciudadanos extranjeros que residían en España de forma irregular o que, residiendo en sus países de origen, pretendían solicitar autorizaciones de residencia y trabajo en España.
Entramado para dificultar las inspecciones

Para lograr su fin, los detenidos e imputados utilizaban un entramado de empresas con las que pretendían dificultar las labores de comprobación e inspección y facilitaban contratos ficticios en los que no solían aportar la ubicación del centro de trabajo, además de utilizar para ello empresas que bien eran insolventes o que no se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales ni de sus pagos con la Seguridad Social.

Entre los casos destapados, una persona extranjera indicó que pagaba a la organización casi trescientos euros mensuales en concepto de cotización a la Seguridad Social para acreditar su situación de cotizante al desempeñar una actividad laboral y la organización «le exigió este pago incluso durante un periodo de tres meses en que no debería estar dado de alta por encontrarse de viaje en su país de origen».

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