La receta del alcalde de la localidad
vizcaina de Sestao, Josu Bergara
(PNV), para favorecer la convivencia
cívica entre los vecinos y la «mierda»
es echar a «hostias» a los inmigrantes .
A poco más de cien kilómetros
de distancia, también en Euskadi, los
municipios guipuzcoanos de Astigarraga
y Hernani aplican otra fórmula
bien distinta para posibilitar la inserción
social y laboral de quienes
son «personas con derechos».
En su caso, han optado por reemplazar
las hostias, los vetos en el
padrón y las actitudes chulescas
por los planes educativos, la escolarización,
las ayudas sociales y el acceso
a una vivienda para posibilitar
la inserción social y laboral de un
asentamiento de 150 rumanos de
origen gitano instalado en estas dos
localidades a orillas del río Urumea
en muy malas condiciones. Incluso,
cuentan con el certificado de empadronamiento,
algo que el alcalde de
Sestao niega a algunos de sus inmigrantes ,
que denuncian las continuas
trabas del Ayuntamiento para
obtener una regularización que por
ley les corresponde.
Estos dos municipios, gobernados
por Bildu, lideran un programa
de inserción que es calificado de
«modélico» por el Ararteko Iñigo
Lamarka y que cuenta con la participación
de la Diputación de Gipuzkoa
y el Gobierno vasco, en
manos del PNV, partido que se niega
a destituir al alcalde de Sestao
por sus comentarios racistas.
Este colectivo de rumanos fue expulsado
de numerosos municipios
hasta recalar en su actual asentamiento
hace ya ocho años, si bien no
fue hasta 2011 cuando las instituciones
decidieron no cerrar los ojos a
esta realidad. Así, a la vista de las
condiciones infrahumanas en las
que vivían, los dos ayuntamientos y
agentes sociales acordaron intervenir
para atender a estas personas y
pusieron en marcha un plan que gozó
del respaldo institucional a todos
los niveles. Las diferentes administraciones
integran una comisión de
seguimiento de este proyecto de integración
social dirigido por la asociación
Romi Bidean.
Aquí, en vez de patrullas de vigilancia
vecinal para atajar la delincuencia
de los inmigrantes y garantizar
la seguridad ciudadana hay
educadores sociales y de inserción
social y acompañamiento. Se encargan
de que este colectivo de rumanos
de origen gitano pueda salir de
la situación de exclusión social en la
que se encuentra después del rechazo
vivido en no pocos municipios, y
facilitar así su convivencia.
«Es un modelo de intervención y
colaboración institucional realmente
positivo», resalta el Ararteko, que
ha llegado a remitir sin éxito varios
requerimientos al alcalde de Sestao
ante la denuncia de SOS Racismo
para que facilite el empadronamiento
de los inmigrantes de este municipio
vizcaino como establece la Ley.
Este programa de inserción institucional
les va a permitir acceder a
un empleo y a una vivienda. Además,
pone el foco de atención en los
42 menores de edad, a quienes se les
ha garantizado la escolarización entre
los 3 y los 16 años y se les ha
otorgado la tarjeta sanitaria.
El proceso puesto en macha para
atender a este colectivo que se reparte
en dos subcampamentos en
Astigarraga y uno en Hernani permitirá
el realojo gradual de las familias
en viviendas de estos municipios
y el derribo definitivo de sus
chabolas para que no sea reocupadas.
Ya a finales del pasado año, las
primeras cuatro familias que cumplían
los requisitos se trasladaron a
viviendas fuera del asentamiento
con el apoyo y asesoramiento del
equipo educativo y otras tres a pisos
puente para aprenden las habilidades
sociales necesarias antes de pasar
a un edificio normalizado.
El proyecto persigue la plena integración
de estas familias y el respeto
a sus derechos dentro de un calendario
de actuaciones que contempla el
paulatino desmantelamiento del
asentamiento, ubicado en un terreno
calificado por la Agencia Vasca del
Agua como área inundable (ya han
tenido que ser desalojados en alguna
ocasión por la crecida del río Urumea
a consecuencia de las fuertes
lluvias), y que será sellado en 2017.
Las explicaciones y disculpas de
Josu Bergara ante el racismo evidenciado
en una grabación oculta
no han convencido a algunas asociaciones
de inmigrantes , especialmente
a la comunidad gitana, que
han censurado las trabas que reciben
desde el Ayuntamiento para su
integración social. En los campamentos
de Astigarraga y Hernani
pasa todo lo contrario. «Los servicios
sociales del Ayuntamiento están
en permanente contacto con
nosotros», expone una familia
asentada en Astigarraga, que alaba
la atención que se les dispensa.
Este programa de inserción incluye
las condiciones más básicas,
como mantener unos mínimos de
higiene con la instalación de módulos
sanitarios. Los campamentos
también cuentan con contenedores
para el reciclaje con el fin de que
sus inquilinos aprendan a tratar de
forma adecuada los residuos. Un
vistazo general permite concluir
que el asentamiento se encuentra
en condiciones limpias dentro de
los condicionantes de vivir en una
zona inundable junto al río.
Las familias que integran el campamento
tuvieron que firmar un
plan de inclusión en el que se comprometían
a cumplir una serie de
obligaciones para tener acceso al
programa, que contempla ayudas
sociales si se dan las condiciones
que se establecen para todos los
ciudadanos (algunas familias estaban
en desacuerdo con estos requerimientos
y decidieron abandonar el
asentamiento). En materia de inserción
laboral, han recibido un curso
de formación sobre accesos al mercado
de trabajo. Todo con el fin de
conseguir «la cobertura social completa
». «Se trata de buscar una solución
real al problema mediante un
proceso de inserción responsable,
integral y paulatino que garantice
los derechos de toda la ciudadanía»,
asevera el diputado de Política Social
de Gipuzkoa, Ander Rodríguez.
La fractura social que se vive en
Sestao choca con la convivencia
que se percibe en Astigarraga y
Hernani. «No tenemos ningún
problema con los vecinos», asegura,
a modo de sentir general, esta
familia de rumanos que hace la
compra en tiendas de la zona «y
nunca ha pasado nada».