El Gobierno ha acogido con disgusto la sorpresa que guardaba la canciller Angela Merkel para el final de la campaña electoral. El proyecto de ley que preparan los socios de la gran coalición para restringir las ayudas sociales que reciben los comunitarios que se encuentran en paro en Alemania y, más aún, expulsarlos si en un plazo máximo de seis meses no han encontrado empleo, ha suscitado el enfado, por ahora sordo, del Ejecutivo español, para el que la medida, así, a palo seco, implicaría violar uno de los principios fundamentales del Tratado de la Unión: la libre circulación de personas y trabajadores.

Por el momento, el Gobierno no ha precisado si ha pedido explicaciones o aclaraciones a Berlín. En Moncloa apuntan que se aguarda hasta conocer los detalles del proyecto de ley y en Exteriores se señala que la embajada ha puesto ya toda su atención en el mismo.

Sáenz de Santamaría evitó ayer las precisiones, pero sí dejó traslucir el malestar y la preocupación del Gobierno, al recordar a la canciller que la libre circulación de trabajadores «es un principio comunitario muy asentado que se rige por reglamentos y directivas» y que, en consecuencia, debe ser observado con fidelidad.

Y dio un paso más que, aunque en positivo, incluía el toque de la advertencia y el reproche: «Estoy segura de que todos los gobiernos cumpliremos con los principios básicos de la legislación».

Se quedó ahí a sabiendas de que el asunto resulta espinoso porque Merkel es socia privilegiada de la misma formación política a la que pertenece el PP. Los conservadores alemanes y los españoles se sientan juntos en la misma bancada de Estrasburgo: el PPE.

A la espera de conocer negro sobre blanco el proyecto que cocina el Ministerio de Trabajo alemán para modificar las ayudas sociales a los inmigrantes comunitarios, la inquietud ha hecho mella porque el anuncio ha venido a sumarse a las propuestas del ex presidente francés Nicolas Sarkozy –también miembro de la familia conservadora europea–, planteando la necesidad de suspender el Tratado de Schengen que es, precisamente, el cuerpo legal que sustenta la libre circulación de personas y trabajadores en el espacio de la UE.

La diplomacia española contempla con temor indisimulado esta coincidencia en los dos grandes de la Unión y la atribuyen en buena medida al freno que en ambos se pretende poner a los flujos migratorios internos y que ya han suscitado, tanto en uno como en otro, un florecimiento de las fuerzas xenófobas y antieuropeas.

Explican que, tanto en Alemania como en Francia, el recelo se dirige fundamentalmente hacia los socios más pobres del Este, sobre todo Bulgaria y Rumania, de los que parten trabajadores de escasa cualificación que finalmente no encuentran hueco en el mercado laboral.

Las fuentes diplomáticas consultadas confían en que el proyecto finalmente no afecte a los españoles que, empujados por la crisis y la falta de oportunidades en España, han emigrado en los últimos tres años a Alemania. Apuntan que en su mayoría se trata de jóvenes con alta o muy alta preparación que responden claramente a las necesidades del propio mercado de trabajo alemán.