El fiscal propone también que la sentencia que en su día se dicte «deberá ser notificada a la Subdelegación del Gobierno por ser la acusada de nacionalidad colombiana». La resolución llevará con toda probabilidad a la revisión del expediente administrativo que afecta a esta mujer, que se encuentra legal en España y ya lo estaba en julio del 2011, cuando el fiscal hizo la calificación de unos hechos que ahora se someten a juicio. La normativa actual, a partir de la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, sumada a las modificaciones de la ley de extranjería, incorpora beneficios específicos para las mujeres inmigrantes. Un episodio de malos tratos suspende el procedimiento de expulsión, o la multa, cuando esté tramitándose en la Subdelegación del Gobierno. Una sentencia en la que se constante una situación de malos tratos supone también beneficios para la víctima, en la medida en que garantiza la autorización de residencia. Mientras se tramitan las diligencias judiciales, cualquier causa por estancia ilegal queda suspendida, según aclaran desde la Subdelegación del Gobierno. Al margen de los casos de violencia de género, la colaboración con la policía de aquellas mujeres que sean víctimas de algún tipo de explotación, por parte de personas o mafias organizadas, tiene como premio la obtención del permiso de residencia siempre y cuando la información facilite detenciones o acusaciones. La persecución de los fraudes que se puedan producir en la aplicación de los beneficios de la legislación, por abuso de normativa, es un aspecto que vigilan en la Subdelegación del Gobierno.