La investigación sobre la trama de corrupción policial y de prostitución ilegal que fue desarticulada en el 2009 en los clubs de alterne Riviera y Saratoga, de Castelldefels, ha acabado con la condena de 20 personas, entre mandos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía, propietarios y encargados de los macroprostíbulos, tres abogados, un ingeniero y un funcionario del ayuntamiento de la capital catalana. La Audiencia de Barcelona condenó ayer a seis años de prisión a un excomisario y a cinco años a dos exinspectores jefe de la Policía Nacional por recibir sobornos, mediante dinero en efectivo o regalos, a cambio de proteger los burdeles y avisar de redadas que se iban a realizar. A otros tres exfuncionarios policiales se les han impuesto penas de menor calado y a los dueños de los clubs se les ha castigado con otras que oscilan entre 7 y más de 10 años de prisión.
En la sentencia, de 603 páginas, el tribunal de la Sección Novena, que también acuerda el cierre definitivo del Riviera y el Saratoga, relata con detalle como la corrupción se había enquistado en algunos despachos de responsables policiales que entonces (el caso estalló en el 2009) formaban parte de la Brigada Provincial de Estranjería de Barcelona, que dependía de la Unidad contra las Redes de Inmigración (Ucrif). Los magistrados declaran probada la entrega de dinero por parte de los clubs a funcionarios policiales.
El tribunal ha condenado al que fuera comisario jefe de Extranjería de la Policía Nacional, Luis Gómez, a seis años de prisión y a tres al exinspector jefe de esa area, Abundio Navas. El también exinspector jefe José Javier Martín Pujal ha sido condenado a cinco años y medio, y a cinco el exinpector jefe Andrés Otero, que estaba jubilado cuando se precipitó la investigación, mientras que al subinspector Ignacio Landa se le ha impuesto un año y medio y al agente Manuel Melendo, una multa.
La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Ángels Vivas Larruy, señala que el tribunal ha llegado al convencimiento de que los dueños del Riviera y el Saratoga eran avisados por los policías condenados de las redadas que se iban a realizar en los clubs porque, a su entender, «es evidente que hubo inspecciones en las que no se identifica prácticamente a ninguna mujer en situación irregular o a muy pocas», comparado con otras operaciones «sorpresivas o posteriores». «Ello es un parámetro –añade– que nos da una pauta indiciaria de que al menos en alguna inspección hubo aviso y se sacaron a las mujeres a otros establecimientos».

REGALOS Y BAR GRATIS / La Audiencia de Barcelona cree que los dueños de los locales de alterne desplegaron una «estrategia» dirigida a ganarse los favores de los policías responsables de las inspecciones, «mediante pagos directos, regalos y otros beneficios, a parte de ofrecerles acceso al club y a sus servicios de bar y habitaciones gratuitos». La sentencia incide en que los propietarios del Saratoga, por ejemplo, se aseguraron de esta manera poder tener «información directa sobre las inspecciones que pudieran producirse, evitarlas, y conocer de primera mano las directrices policiales». También tenían acceso a información reservada que les fuera útil para conducir «sus negocios sin sobresaltos con el máximo control y el mínimo riesgo económico, proporcionando un clima amistoso que llevara a la laxitud o relajación de la actuación policial». La resolución sostiene que el exinspector Andrés Otero y, «esporádicamente», el comisario jefe Luis Gómez se reunían con los dueños del Saratoga y estos les entregaban dinero en efectivo, en cantidades que oscilaron entre 3.000 y 6.000 euros al mes. A Otero también le pagaron una operación de su hija y, además, recibió relojes y fue invitado a viajes. Los responsables del Riviera, asimismo, se hicieron cargo del tratamiento psiquiátrico de uno de los hijos del comisario jefe Luis Gómez, contrataron a familiares directos de este mando policial en algunas de sus empresas y le dieron diversas prebendas. Además, otro agente imputado recibía un trato especial cuando visitaba el club. EXTORSIÓN / El tribunal también ha condenado al abogado Fernando Martínez a seis años y medio jefe Andrés Otero, que estaba jubilado cuando se precipitó la investigación, mientras que al subinspector Ignacio Landa se le ha impuesto un año y medio y al agente Manuel Melendo, una multa. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Ángels Vivas Larruy, señala que el tribunal ha llegado al convencimiento de que los dueños del Riviera y el Saratoga eran avisados por los policías condenados de las redadas que se iban a realizar en los clubs porque, a su entender, «es evidente que hubo inspecciones en las que no se identifica prácticamente a ninguna mujer en situación irregular o a muy pocas», comparado con otras operaciones «sorpresivas o posteriores». «Ello es un parámetro –añade– que nos da una pauta indiciaria de que al menos en alguna inspección hubo aviso y se sacaron a las mujeres a otros establecimientos». REGALOS Y BAR GRATIS / La Audiencia de Barcelona cree que los dueños de los locales de alterne desplegaron una «estrategia» dirigida a ganarse los favores de los policías responsables de las inspecciones, «mediante pagos directos, regalos y otros beneficios, a parte de ofrecerles acceso al club y a sus servicios de bar y habitaciones gratuitos». La sentencia incide en que los propietarios del Saratoga, por ejemplo, se aseguraron de esta manera poder tener «información directa sobre las inspecciones que pudieran producirse, evitarlas, y conocer de primera mano las directrices policiales». También tenían acceso a información reservada que les fuera útil para conducir «sus negocios sin sobresaltos con el máximo control y el mínimo riesgo económico, proporcionando un clima amistoso que llevara a la laxitud o relajación de la actuación policial». La resolución sostiene que el exinspector Andrés Otero y, «esporádicamente», el comisario jefe Luis Gómez se reunían con los dueños del Saratoga y estos les entregaban dinero en efectivo, en cantidades que oscilaron entre 3.000 y 6.000 euros al mes. A Otero también le pagaron una operación de su hija y, además, recibió relojes y fue invitado a viajes. Los responsables del Riviera, asimismo, se hicieron cargo del tratamiento psiquiátrico de uno de los hijos del comisario jefe Luis Gómez, contrataron a familiares directos de este mando policial en algunas de sus empresas y le dieron diversas prebendas. Además, otro agente imputado recibía un trato especial cuando visitaba el club. EXTORSIÓN / El tribunal también ha condenado al abogado Fernando Martínez a seis años y medio de cárcel y a otros dos letrados a penas menores por extorsionar a clubs de alterne de Barcelona, a los que cobraban importantes cantidades por asistirlos tras las redadas. Sin embargo, no ha quedado acreditada su relación con uno de los policías imputados con quien presuntamente estaba conchabado. Al ingeniero Joaquín Quílez (también imputado en la investigación que lleva otro juzgado relativa a apartamentos turísticos de Barcelona) se le ha impuesto una pena de cuatro años y un mes de cárcel por avisar de inspecciones administrativas a varios burdeles en colaboración con el funcionario municipal Manuel Martínez, penado con cinco años y siete meses de prisión.

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