«Me han engañado durante siete años y tres meses». Eso es lo que siente Ruth Bejarano, una mujer de 47 años, de origen boliviano, que ha trabajado como empleada del hogar en Beniarjó desde su llegada a España. Ahora, tras interponer una denuncia ante Inspección de Trabajo ha conseguido el permiso de residencia, con el que aspira a encontrar otro empleo y olvidar los «años de explotación» que dijo haber vivido.

Ruth llegó a España en 2006 con la esperanza de hallar un trabajo y dar un mejor futuro a los cuatro hijos que dejó en Bolivia. «Al poco de llegar me salió este trabajo. Parecía sencillo. Consistía en cuidar a una señora mayor que sufría alzhéimer y lo acepté», explicó.

Pero, como ella misma indicó la realidad del empleo no se ajustaba a las condiciones pactadas: «Me propusieron un trabajo con un horario normal y finalmente tenía que estar interna. Trabajaba durante las 24 horas y cada noche me levantaba a las 4 de la madrugada para atender a la anciana», añadió.

A todo esto, agregó, hay que sumar que durante el día hacía las labores del hogar, ya que junto a la enferma convivían su hija y su nieta. «Yo me tenía que encargar de cocinar, limpiar la casa y de mantener en buenas condiciones a la anciana», relató Bejarano, quien añadió que sólo podía ausentarse de la casa unas horas cada domingo.

«Me permitían salir de 9 de la mañana a ocho de la tarde. Ese era mi único momento libre durante toda la semana. Sólo once horas, tras trabajar las 24 horas de cada día por 800 euros al mes», agregó. Bejarano aseguró que desde que accedió al empleo pidió a los hijos de la anciana, que eran quienes le pagaban, que legalizaran su situación: «Yo no pedía más dinero, ni más descanso, sólo que todo estuviera en orden para poder obtener el permiso de residencia».

Ante esto, prosiguió, le hicieron firmar «un contrato falso». «Uno de los hijos de la enferma me hizo firmar un documento que, según él, era el contrato de trabajo y con el se iba a legalizar mi situación». Los años pasaban y nada se sabía del documento, agregó. «Yo preguntaba y me decían que este tipo de procesos era complicado y que se podía demorar hasta cinco años. Finalmente ya ni preguntaba», apostilló Bejarano.

Pero en una de sus salidas dominicales, un grupo de agentes de la Guardia Civil pidió la documentación a Ruth en la vía pública. Este hecho tuvo lugar a principios de 2013. En ese momento, Bejarano dijo disponer sólo del pasaporte y dijo a los efectivos que podían dar razón de ella en el hogar donde estaba interna. Los agentes acudieron a la casa y al comprobar que trabajaba allí, advirtieron de la situación irregular de Ruth y de que podían llevarse arrestados tanto a la trabajadora como a los empleadores, relató Bejarano.

Ruth acudió a la Confederación General del Trabajo (CGT) en Gandia, donde le recomendaron denunciar ante la Inspección de Trabajo. Esta reclamación se interpuso hace ahora un año, pero Bejarano fue despedida el pasado 28 de febrero. «Me echaron a la calle al recibir una notificación en la que se exigía que legalizaran mi situación». Ante esto, Ruth, a través de la CGT, ha cursado una denuncia por despido improcedente. Pretende que se le abone el finiquito y que se le reconozcan ante la Seguridad Social todos los años trabajados.