MADRID – La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció ayer la impunidad con la que el Ministerio del Interior se salta la legislación nacional e internacional en materia de asilo, con un informe que analiza el grado de cumplimiento en España de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al respecto y que revela violaciones, deficiencias y malas prácticas en protección internacional.

El trabajo, presentado por las letradas de CEAR Elena Muñoz y Paloma Favieres, es fruto de un proyecto de investigación que desarrollaron seis organizaciones de seis países entre los años 2011 y 2013 con financiación de la Unión Europea, para monitorizar el derecho a la protección internacional en el espacio común. El informe que recopilará las conclusiones de los seis países se difundirá en junio. Sobre el caso español, analizado por CEAR, la organización tomó como referencia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Hirsi Jamma contra Italia que el 23 de febrero de 2012 fijó las obligaciones de los Estados en materia de protección internacional, y contrastó una por una cada una de las cláusulas para concluir que la legislación nacional es garantista, el problema es que no se aplica.

“Creo que la situación que vivimos ahora es de una total impunidad. Se han legitimado por la vía de hecho actuaciones que son contrarias a la legislación española y europea”, denunció Favieres, tras poner como ejemplo las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que se siguen practicando pese a que son ilegales o las restricciones a la libre movilidad de los solicitantes de asilo que están en las ciudades autónomas pese a la jurisprudencia en contra.

Precisamente las devoluciones sobre la marcha, colectivas o individuales, de inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla o alcanzan el archipiélago de Chafarinas, son el ejemplo más significativo detectado en la investigación de claro incumplimiento de las obligaciones que tiene España con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque se amparan en el acuerdo de readmisión suscrito con Marruecos cuando el propio TEDH sentenció que estos convenios no eximen al país de sus obligaciones.

Este tipo de acuerdos de readmisión, firmados además con Argelia, Ghana, Guinea Bissau, Mauritania, Níger y Nigeria, no recogen mecanismos específicos de garantía de los derechos humanos de las personas que España les entrega, como tampoco incluyen ninguna cláusula que permita evitar que sean deportados por estos países a terceros Estados que no garanticen su integridad, según ha explicado Muñoz. En el particular de las devoluciones colectivas como las de 2012 desde la Isla de Tierra o este año en la Isla del Congreso, Favieres puso el acento en la total impunidad con la que se producen, ya que no se emite una resolución administrativa que se pueda recurrir ante un tribunal, sino que directamente se traslada a los inmigrantes, aunque hayan incluso manifestado su intención de pedir asilo, como en el último de estos casos.

RESTRICCIONES Respecto a la restricción al derecho de asilo en Ceuta y Melilla, CEAR recuerda que pese al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Interior sigue sin permitir que los solicitantes con la petición admitida a trámite puedan moverse libremente por todo el territorio nacional: deben quedarse en las ciudades autónomas hasta que se resuelva su expediente, un trámite que puede prolongarse hasta dos años.

Favieres incide en que esta restricción territorial tiene un efecto disuasorio de las solicitudes, porque los refugiados prefieren ser trasladados a la Península con una orden de expulsión, son recluídos en Centros de Internamiento de Extranjeros y al cabo de un tiempo, puestos en libertad por inexpulsables, que pedir protección en las ciudades autónomas, donde saben que se quedarán anclados. “El Ministerio del Interior sigue violando cada día la Ley española y saltándose a la torera la jurisprudencia”, denunció Favieres. – E.P.