Munir tenía pasaporte y partida de
nacimiento que acreditaba que era
menor de edad, pero por el hecho
de ser un inmigrante de Marruecos
las autoridades españolas no le creyeron
a él ni se fiaron de su documentación.
Como a otros tantos, la
Fiscalía le sometió a pruebas médicas,
cuyo resultado es «relativo»,
sin el amparo legal que deberían tener.
La consecuencia es que la Comunidad
de Madrid le dejó en «la
calle» y acabó fuera «del sistema»
de protección que le blinda la ley.
La Fundación Raíces denunció
ayer que la Fiscalía General del Estado
discrimina «de manera sistemática
» a los inmigrantes de Marruecos
y del África Subsahariana,
«violando» sus derechos, por no estar
acompañados de sus padres. Y
es que cuando llegan a España con
ellos no se duda en ningún momento
de sus papeles ni de su edad. En
juego está que el menor quede bajo
la tutela y la protección del Estado
o, en cambio, sea internado en un
centro para extranjeros y expulsado
del país. Por ello, afirma la fundación,
se les condena a vivir en la
calle, «lo que afecta tanto a su nivel
emocional y psíquico como a su
identidad e integridad física».
En el estudio llamado Sólo por
estar solo, la organización recalca
que estas «malas prácticas» de obviar
los papeles oficiales se hace
contra la ley vigente e incluso
cuando existe un convenio oficial
con otros países. Así ocurre, por
ejemplo, con Marruecos. En su caso,
se dice que las partidas de nacimiento
o pasaportes provistos
del sello legal de cualquiera de los
dos países deben ser considerados
legales. «Se saltan ese convenio,
pero sí lo utilizan para las devoluciones
en caliente», denunció la
abogada de la Fundación Raíces,
Carmen Moles.
Así, explicó que para la Fiscalía
«priman» las pruebas médicas para
saber la edad y criticó que éstas a
veces se hacen sin asistencia jurídica
o sin un intérprete. «Todo ello
crea una indefensión absoluta a los
menores», afirmó. Además, la organización
apunta a que el resultado
de la prueba es «siempre relativo».
Ante esta situación, la Fundación
Raíces señaló que «siempre deberá
primar la condición de menor frente
a la de extranjero». Y cuando haya
indicios de que los documentos
pudieran ser falsos, el camino de
las autoridades no debería ser otro
que demostrarlo mediante pruebas
y en sede judicial, pero no con un
diagnóstico médico. Subraya que
esta clase de pruebas están previstas
precisamente para no dejar en
desamparo a los extranjeros indocumentados
cuya minoría de edad
no pueda ser establecida con seguridad.
Una circunstancia que, según
se puso de de manifiesto ayer,
no ocurre en estos casos, porque
tiene documentación oficial vigente.
Aunque se la ignora.