L'Horta-Morvedre
Vendedores del mercado de Picassent denuncian amenazas
La asociación llevará al Ayuntamiento a la Fiscalía por su «pasividad» ante un problema «grave» con compañeros del recinto
Las Provincias, , 09-05-2014«La situación es insostenible. Llevamos años sufriendo amenazas, gritos e insultos. El último enfrentamiento se ha producido esta misma mañana y por eso hemos decidido cerrar los puestos y acudir al Ayuntamiento para denunciar los hechos». Así relataba ayer el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Municipal de Picassent, José Antonio Mayans, el estado de «nervios e impotencia en el que nos encontramos».
La asociación ha presentado denuncias «de orden y de funcionamiento sobre un titular de puesto que es el mismo de las agresiones» y el Ayuntamiento «no ha actuado en ningún momento. Tenemos cuatro denuncias más ante los juzgados por estos titulares agresores y el consistorio no responde ni abre expedientes sancionadores».
Esta situación «la estamos padeciendo desde hace cuatro años», recalca el presidente. Ayer un empleado de la limpieza sufrió «una agresión física, injurias e insultos racistas por ser un trabajador extranjero por parte de este titular, ya denunciado y condenado». Los afectados recalcan que no se puede tolerar «que en las instalaciones municipales se agreda e insulte a las personas».
Por ello, la asociación está decidida a llevar el caso ante la Fiscalía. «Hoy los vendedores hemos cerrado sus puestos y nos hemos presentado ante el Ayuntamiento desde las diez de la mañana hasta las doce». En las dependencias municipales fueron atendidos finalmente pero los vendedores aseguran que «no se nos ha dado ninguna solución».
El objetivo de acudir a la Fiscalía es denunciar «la dejadez del Ayuntamiento por no aplicar la ordenanza municipal y no actuar ante casos tan sumamente graves para todos».
En este tiempo, los vendedores del mercado han remitido numerosos escritos al Consistorio reclamando «que sancionara a estas personas por faltas muy graves que, según la normativa, pueden ser de hasta 3.000 euros. Estamos hablando de que existen resoluciones judiciales penales firmes».
La entidad también ha denunciado que existen titulares deudores «ante la administración pues no pagan las cuotas de los puestos. Hay que cumplir con la normativa y con la ley y esta situación no puede mantenerse por más tiempo».
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