Han sido arrestadas 72 personas que formaban parte de la organización e imputadas otras 546

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia un grupo que convenía matrimonios para que ciudadanos nigerianos obtuvieran el permiso de residencia en España a cambio de pagar entre entre 6.000 y 10.000 euros. Durante la operación han sido arrestadas 72 personas que formaban parte de la organización e imputadas otras 546, implicadas en las regularizaciones fraudulentas, todas ellas identificadas, aunque pendientes de su localización.

Según un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, los inmigrantes llegaban a pagar entre 6.000 y 10.000 euros a la banda por conseguirles el enlace matrimonial y la documentación necesaria para obtener la tarjeta de residencia por tener una pareja comunitaria.

Durante la operación han sido arrestadas 72 personas que formarían parte de la organización y también han sido imputadas otras 546 que están implicadas en los matrimonios fraudulentos; todas ellas están identificadas pero todavía está pendiente su localización por parte de la Policía.

La red se encargaba de falsificar documentos emitidos por organismos oficiales de Nigeria y actas matrimoniales; para evitar que se levantasen sospechas ante el Juzgado de Paz, el Registro Civil o la iglesia correspondiente el día de la boda, los futuros cónyuges podían ser suplantados por compatriotas nigerianos de características físicas similares que sí hablaban español.

Esta operación policial comenzó a finales de abril, cuando se tuvo conocimiento de un gran número de solicitudes de matrimonio entre nigerianos y españolas en un breve período de tiempo.

Además, los agentes se percataron de que en la mayoría de documentos coincidían tres domicilios de Valencia como lugar de empadronamiento.

Tras las primeras pesquisas, la Policía constató que esta banda se dedicaba a organizar los matrimonios de conveniencia en casi toda España, ya que se han dado casos en la Comunitat Valenciana, Castilla – La Mancha, Murcia, Galicia, Illes Balears, Islas Canarias, Cataluña, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Navarra, Extremadura, Madrid y Andalucía.

A los arrestados se les imputan delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, usurpación del estado civil, contra las relaciones familiares, falsedad documental y falso testimonio.