En enero de 2012 el Ministerio del Interior avanzó que en Euskadi había un total de 4.580 policías y guardia civiles. Hoy, dos años y cuatro meses después, el número de policías y guardia civiles operativos en Euskal Herria sigue siendo el mismo: 4.580, ni uno menos. Según un informe, de 261 páginas, elaborado en enero por el Gobierno Vasco se trata de una cifra abusiva que constituye una interferencia competencial, provoca duplicidades institucionales y además realiza funciones distorsionantes para el conjunto del sistema de seguridad pública. El ejecutivo de Urkullu insiste también como argumento para la reducción de efectivos de las FSE, en la “disminución de un modo notorio de la amenaza terrorista”, y en un amplio listado de ineficiencias que destruyen la imagen de presunta colaboración entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Seguridad Vasco.

Esas ineficiencias son notables y apreciables diariamente. Por ejemplo, en 2012, la Guardia Civil y Policía Nacional desarrollaron 50 actuaciones policiales en la CAV, pero “no se comunicó nada a la Ertzaintza” en 22 de esos operativos. Y en 2013, la Ertzaintza tuvo conocimiento solo por los medios de comunicación de once actuaciones policiales que habrían vulnerado los "acuerdos institucionales sobre delimitación de competencias. Es un tratado del embuste, una de esas mentiras publicitarias que tanto gustan al gobierno Rajoy. El 19 de junio de 2013, en un acto institucional celebrado en la Moncloa, en presencia de la vicepresidenta, de Montoro y de los presidentes de varias Comunidades Autónomas, anunció 217 medidas “para evitar duplicidades para modernizar y hacer competitivo el Estado”.

Se trata de pura palabrería que encubre el verdadero rostro de una España, centralista, unitaria, que aborrece la periferia. Una España que desconfía de la diversidad, que sospecha de lo que es diferente, y que prefiere una Euskadi dócil, dormida, aislada, rodeada por una gran valla policial, como Ceuta y Melilla.