Jueces por la Democracia (JpD) ha demandado este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que inste al Ministerio del Interior a reconsiderar su negativa a permitir a un grupo de jueces que visite el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barranco Seco (Gran Canaria).

En un comunicado, JpD considera “arbitraria” esta decisión y denuncia que supone una “falta de transparencia” por parte de la administración, por lo que apela al máximo órgano de gobierno de la judicatura para reaccione con rapidez e inste al Ministerio del Interior a reconsiderar su decisión.

JpP se refiere así a la negativa de Interior a autorizar, por segundo año consecutivo, que los jueces y fiscales que participan en Gran Canaria a un foro sobre la inmigración visiten el CIE.

La asociación judicial recuerda que este foro es una actividad organizada conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias en el marco del convenio de formación continua descentralizada, en materia de extranjería, a la que acuden anualmente 30 miembros de las carreras judicial y fiscal.

Desde JpD se pide que se defienda el interés legítimo de jueces y magistrados de todo el territorio nacional a comprobar personalmente las condiciones de privación de libertad de los inmigrantes en el citado CIE, algunos “en situación de extrema vulnerabilidad”.

Según la nota del colectivo judicial progresista, el Ministerio del Interior, a través del Subsecretario de Estado de Seguridad comunicó al Foro de Inmigración su negativa a la visita.

JpD añade que la “injustificada” denegación de la visita ya ha obtenido respuesta por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, que la ha calificado de “incomprensible y desacertada”, por denegar a juristas expertos el acceso de primera mano a la realidad de la inmigración.

Además, consideran que esa decisión es “una falta de respeto” al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y al Gobierno de Canarias.

El colectivo judicial recuerda que el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en su informe publicado en 2013, recomendó a España promover las visitas judiciales a todo tipo de centros de detención.

Según JpD, solo hay siete CIE en funcionamiento, tras el cierre de los de Algeciras (Cádiz) y Fuerteventura, por lo que muchas de las autoridades judiciales afectadas no tendrán otra ocasión de conocer estos lugares de detención, situados en algunos casos a cientos e incluso miles de kilómetros de los juzgados que autorizan el internamiento.

Para JpD, decisiones gubernativas como ésta solo conducen a quebrar la confianza en las instituciones y a “dudar legítimamente” acerca del grado de cumplimiento de la ley en el interior de estos centros, de un modo que entiende “inadmisible” en un estado de derecho.