La investigación que la Policía Nacional
estaba realizando cerca de
la sede de CDC en Barcelona, en
la calle Còrsega, que suscitó las
críticas de los convergentes y la
petición de comparecencia en el
Congreso por parte del grupo al
director de la Policía, Ignacio Cosidó,
era contra una banda criminal
colombiana dedicada a los secuestros.
En concreto se investigaba
el plan de secuestro de un empresario
de este país en la capital
catalana.
Según explicaron a Europa
Press fuentes policiales, los investigadores
estaban haciendo seguimientos
en la calle donde está ubicada
la sede convergente porque
coincide con la de la vivienda del
empresario que iba a ser la potencial
víctima de la banda.
En su momento, estos seguimientos
levantaron las sospechas
en la sede del partido, cuyo servicio
de seguridad avisó a los
Barcelona
Mossos d’Esquadra, quienes hicieron
las comprobaciones y
constataron que se trataba de
agentes de la Policía.
Sin embargo, estos hechos hicieron
que el grupo parlamentario
de CiU en Madrid pidiera la comparecencia
en el Congreso del director
general de la Policía, Ignacio
Cosidó, para explicar por qué
varios de sus agentes «estuvieron
durante unos cuantos días realizando
tareas de vigilancia ante la
sede de CDC en Barcelona».
Según dijo en su día el portavoz
de Interior de CiU, Feliu Guillaumes,
esos policías de paisano estuvieron
tomando notas de la actividad
que tenía lugar en la zona y
anotando quién entraba y salía de
la sede del partido.
Con la operación, la Policía da
por desarticulada la oficina de cobro
más importante que la banda
criminal colombiana de Los Urabeños
poseía en España y ha impedido
el secuestro de un empresario
colombiano afincado en Barcelona,
que supuestamente tenía una deuda
de más de nueve millones de euros
con la organización.
En la operación se han detenido
a 13 personas en Madrid capital,
Torrejón de Ardoz, Barcelona
y Toledo. Entre ellos se encuentra
el conocido como El Inválido, uno
de los criminales más buscados
en Colombia y cabecilla de la oficina
establecida en España, encargada
de cobrar deudas relacionadas
con el narcotráfico a través
de extorsiones, secuestros u homicidios
selectivos, informaron
fuentes policiales. Esta operación,
conocida como Alianza, estaba
abierta desde 2011.