La investigación judicial ya ha terminado
y en otoño Juan Carlos
Aguilar, el falso maestro shaolín
que la pasada primavera mató a
dos mujeres extranjeras en Bilbao,
se enfrentará a un jurado popular.
La Fiscalía y el resto de acusaciones
pedirán para él una pena mínima
de 40 años de prisión por
doble asesinato y le acusarán también
de un tercer delito de retención
ilegal por haber constancia
de que secuestró y torturó a una
de sus dos víctimas.
El caso del monje shaolín conmocionó
a la opinión pública española
en junio del año pasado.
Un domingo una patrulla de la
Ertzaintza, alertada por testigos,
irrumpió en un céntrico gimnasio
de Bilbao. Había fundadas sospechas
de que Aguilar, conocido desde la década de 1990 por haberse
promocionado en televisiones y
revistas como el primer occidental
en convertirse en shifu del monasterio
shaolín –extremo que luego
resultó ser falso–, había introducido
en el establecimiento, a la fuerza
y a plena luz del día, a una mujer.
Efectivamente, los agentes, al
derribar la puerta, lo hallaron en
una estancia oculta del gimnasio
torturando a Maureen Ada Otuya,
de 29 años y natural de Nigeria,
que falleció días después en el
hospital por las graves lesiones
que le infligió este profesor de artes
marciales.
Durante una inspección ocular
posterior al arresto, la Policía
Científica halló restos humanos en
local, concretamente debajo del
tatami, así como numerosas armas
orientales. Los informes forenses
concluyeron que Aguilar
había asesinado días atrás a otra
mujer, Jenny Sofía Rebollo, de Colombia.
Había troceado su cadáver
y repartido sus huesos en bolsas
que aparecieron en su casa o en la
Ría de Bilbao, además de en el
gimnasio.
Un juzgado de la capital vizcaína
asumió el caso, cuya fase de
instrucción ha finalizado con relativa
celeridad. En un inicio, se sospechó
que pudiese haber más víctimas,
básicamente porque en el
análisis de los ordenadores y otros
aparatos electrónicos del detenido
aparecieron fotografías de más
mujeres, algunas de ella con apariencia
de hallarse inconscientes.
Este extremo ha quedado descartado
ya.
Hace unas semanas se celebró
una vista preliminar en la que se
concretó que será un jurado popular
el que juzgue a Aguilar, que
está defendido por el prestigioso
abogado Javier Beramendi. Las
fuentes jurídicas consultadas por
este periódico explican que el falso
monje shaolín se enfrenta a los
siguientes cargos: doble asesinato
y retención ilegal de Maureen
Ada Otuya. La pena establecida
por los dos crímenes es de 40
años, a los que se podría sumar
un castigo adicional por el segundo
delito. Fiscalía y acusaciones
aún no han realizado sus escritos
de calificación, el último trámite
–junto a la selección de los miembros
del jurado– antes de un juicio
que se celebrará ya, con toda probabilidad,
después de las vacaciones
de verano.
La defensa
Se da por seguro que el letrado
Beramendi –que llegó al caso por
ser amigo de la familia del acusado–
exprimirá la baza del tumor
cerebral que, supuestamente, tenía
Aguilar como atenuante para
rebajar la condena. Con las pruebas
que hay sobre la mesa y la
propia confesión inicial de los crímenes
que Aguilar realizó en la
comisaría de la Ertzaintza, las
acusaciones descartan de plano
que sea absuelto. El acusado, por
su peligrosidad, está ingresado en
prisión desde junio del año pasado
y así continuará hasta el juicio.
Los crímenes de Aguilar, unidos
también a otras muertes violentas
que se registraron en el País Vasco
entre mayo y junio del pasado año,
generaron cierta alarma social. Sin
embargo, la estadística demostró a
final de año que el número de asesinatos
sigue estable y que, finalizado
el terrorismo de ETA, no presenta
niveles preocupantes. En total,
se registraron 15 muertes
violentas, sólo una más que 2012.
España, según la ONU, es el decimocuarto
país más seguro del
mundo con 0,9 homicidios anuales
por cada 100.000 habitantes y la
tasa vasca es aún menor (0,6).