Conscientes o no de que el Parlamento de Estrasburgo ya había aprobado por la mañana nuevas normas para combatir la inmigración ilegal y de que el debate no cesa, los siete ministros de Exteriores del sur de Europa (Italia, Portugal, Francia, Chipre, Malta, Grecia y España), el denominado Grupo del Mediterráneo, le devolvieron la pelota en forma de declaración, acordada en Alicante, con un mensaje muy explícito y una fecha concreta: la Unión Europea debe aportar más fondos para combatir la inmigración irregular y que se aborde antes del Consejo Europeo de junio de este año. Un toque de atención en toda regla.

Y, ¿cómo debe ser la ayuda? Según expuso el titular de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, «los fondos deben ir dirigidos a los países miembros que sufren los flujos migratorios, a reforzar el control de fronteras y, sobre todo, a generar oportunidades en los países de origen y de tránsito que frenen la inmigración irregular».

Margallo insistió en los países «de origen y de tránsito», con quienes debe reforzase la cooperación y «permitir una migración circular». «Son necesarias las acciones decididas para que los que se encuentren en situación irregular puedan volver con rapidez a sus países de origen, en pleno respeto de los derechos fundamentales», refleja el acuerdo adoptado por el Grupo del Mediterráneo.

Ese mismo documento remarca que ya existen compromisos en esa dirección con Marruecos y Túnez, pero abunda en que se necesita de una mayor financiación y en que sería conveniente sumar a otros nuevos países del norte del Magreb y del África del Este. Es decir, que toda Europa se implique en lo que ya hacen los países ribereños del Mediterráneo.

El documento de la cumbre también destaca la petición de «abordar adecuadamente» las causas de la inmigración asociadas a la pobreza, la inestabilidad política, los conflictos y la falta de respeto a los Derechos Humanos.

Tras el encuentro, García–Margallo se refirió a otras cuestiones de actualidad, como los inmigrantes llegados a las islas Chafarinas en una barca de juguete. Aunque recordó que se trata de una cuestión que corresponde al Ministerio del Interior, ensalzó la «magnífica colaboración con Marruecos» y «la preocupación de todos los gobiernos sobre la inmigración», puesto que constituye «un problema de primera magnitud» e insistió «en el que es necesaria la colaboración de la UE».

El ministro de Exteriores también se posicionó ayer sobre el reciente informe del Consejo Nacional de la Transición de Cataluña que concluye que ésta no quedaría en un principio fuera de la UE, y sobre la reacción del Gobierno catalán solicitando que España pida un informe jurídico a la UE sobre la postura oficial al respeto.

«Setenta veces siete, en términos evangélicos, que se plantee esa cuestión, la respuesta será siempre la misma», contestó. García-Margallo aseguró que «en síntesis, la respuesta es la siguiente: desde el punto de vista de la legalidad internacional, un referéndum que no respete la Constitución interna no puede ser aceptado por la comunidad internacional».

«Quiero decir que esto no es, como se ha intentado decir, una amenaza», sino «simplemente una advertencia de lo que la legalidad internacional y europea dice», remarcó el jefe de la diplomacia española. García-Margallo expuso que «la principal obligación de un responsable político es decir en todo momento la verdad, no hacer economías con la verdad, y advertir a los ciudadanos de las ventajas e inconvenientes que tiene una opción política».

«Creo que los responsables de la Generalitat están haciendo serias economías con la verdad en este tema, que afortunadamente son contradichas» por «cualquier responsable de la UE, es decir, por cualquier responsable de la UE que no escriba a petición de parte, que restablece la verdad», concluyó.

Las razones de la UE para excluir a Cataluña

>El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, tiró de articulado para desmontar ayer las tesis de los asesores de la Generalitat sobre si Cataluña quedaría o no fuera de la UE si se separa del Estado.

>«U n territorio que se separa queda automáticamente e inmediatamente excluido de la Unión, dado que los tratados dejan de aplicarse desde el minuto uno».

> «El nuevo Estado debe solicitar su adhesión» en la UE, conforme a los términos del artículo 49 que establece la unanimidad de los estados miembros».

>M ientras tanto, «ese territorio queda fuera de los tratados y de la aplicación que tiene la UE con terceros», concluyó el titular de Exteriores.