«Cabe esperar una mayor feminización de la pobreza y la exclusión». Es una de las conclusiones que aparecen en las previsiones del plan de lucha contra la exclusión social hasta 2017, con un centenar de iniciativas a las que el ayuntamiento destinará 14,6 millones.

La concejala de Bienestar Social, Ana Albert, presentó ayer el documento, cuya elaboración se remonta a 2012 y en el que han participado 116 entidades. Aseguró que el programa, dividido en cinco objetivos, es «realista» y fija propósitos que pueden alcanzarse, aunque precisó que una de las claves será la recuperación del empleo.

Así se indica también en las conclusiones del plan. Los técnicos indican que «los grupos de mujeres que más van se van a ver afectados por la situación actual de crisis son los de mujeres que presentan alguna discapacidad, que pertenecen a minorías étnicas, inmigrantes o que tienen en solitario familiares a su cargo». Es decir, precisan, grupos que «ya tradicionalmente han tenido problemas de subsistencia».

La situación de estos grupos de población, adelantan, empeorará y será necesario tenerlos en cuenta, especialmente en «aquellos casos en los que exista un cúmulo de problemáticas: mujeres inmigrantes, en paro, con discapacidad, víctimas de violencia de género,…».

El pasado año, los servicios sociales municipales atendieron a 84.712 usuarios, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, cuando se llegó a los 86.277 casos. La primera cifra representa el 10,67% de la población, aunque fuentes de Bienestar Social matizaron que una persona puede concentrar varias solicitudes o pertenencia a programas.

Prestaciones sociales, asistencia a comedores municipales, así como inscritos en todo tipo de ayudas, desde el pago del recibo de la luz para evitar un desahucio hasta un lote de alimentos a través de entidades como las Mesas de Solidaridad. La crisis económica ha agravado la exclusión social, aunque Albert matizó que existe un perfil de atendidos que pueden salir adelante recuperando un empleo.

Con esto se refirió a familias que «hasta hace poco han pagado una hipoteca y la pérdida del trabajo las ha llevado a la pobreza». Se trata de casos más sencillos que aquellas personas habituales de asentamientos de chabolas, sin escolarizar y que necesitan la atención de los técnicos de Bienestar Social para poder aspirar a una vivienda municipal.

La concejala citó como ejemplo que este año habrá una partida de 400.000 euros para la reforma de pisos del consistorio, que después se destinarán a familias sin hogar. Desde hace tiempo, el consistorio acordó no desalojar a nadie por impagos.

El diagnóstico para los próximos años habla también de que «en tiempos de crisis se agravan las desigualdades y se acrecientan las vulnerabilidades. La crisis del Estado del Bienestar a la que asistimos impacta directamente sobre las mujeres, sobre todo en las más mayores».

En resumen, para los próximos años se habla de la necesidad de abordar problemas relacionados con «familias normalizadas que han perdido el empleo y la vivienda, desde el punto de vista de la prevención de la exclusión», además de hombres solos sin derecho a prestaciones sociales. Los grupos más frágiles se completan con padres que recogen en sus casas de nuevo a hijos que se han quedado sin trabajo, así como un refuerzo en la orientación jurídica por impagos, hipotecas de viviendas y convenios derivados de separaciones matrimoniales.

«Si no mejoran los niveles de ocupación, se producirá un aumento en los índices de exclusión», se añade en el documento que servirá como guía para intentar reducir la pobreza en Valencia. Albert dijo por último que el plan que ahora se acaba tuvo una dotación más alta al estar vigente cinco años en lugar de cuatro e incluir la construcción de varios edificios, ya terminados.