Los inmigrantes también han de formar parte del proceso soberanista en que se encuentra inmersa Catalunya. Esta es la premisa con la que la Generalitat ha incorporado un eje sobre la transición nacional al nuevo plan de ciudadanía y de acogida de la inmigración, aprobado ayer por el Govern, con el que pretende dar a conocer el proceso actualmente en marcha a la población inmigrada. “Se trata de un programa de sensibilización e información a la población inmigrada, para abrir espacios de debate y compartir objetivos de futuro y para normalizar su participación en el proceso de transición nacional”, argumentó la consellera de Benestar Social i Familia, Neus Munté, impulsora de la iniciativa, para justificar su aprobación.

El plan interdepartamental para gestionar la acogida y la integración de las personas inmigradas en Catalunya – Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016– es el quinto que se activa desde el primero que se puso en marcha el 1993, con un total de 5 ejes, 24 programas y 158 actuaciones. La principal novedad es la introducción del eje sobre la transición nacional, con el objetivo de “implicar a todos los sectores de la población en el proceso de decisión sobre el futuro político de Catalunya”. Entre ellos, también el de la población inmigrada, sobre la que el plan recuerda que, de la misma manera que “los movimientos migratorios han dado fuerza demográfica al país, han permitido más crecimiento económico y también han contribuido a reforzar la identidad nacional”, ahora “el reto de decidir conjuntamente si Catalunya ha de convertirse en un Estado independiente se considera una oportunidad única para reforzar la cohesión social”. “Las personas inmigradas han de ser partícipes del actual debate político y han de poder formular también sus propuestas sobre políticas de extranjería y de inmigración”, recalcó Neus Munté.

Mas allá de estos criterios generales, sin embargo, el programa no contiene mayores concreciones, ni tan siquiera sobre si, por ejemplo, los inmigrantes han de poder votar en la consulta del 9 de noviembre. Lo que sí es el plan, según destacó la consellera de Benestar Social i Família, es el resultado de un consenso que implica a 86 entidades y organizaciones tanto del sector público como del privado que trabajan en el ámbito de la inmigración.