EL PADRÓN no es la estadística más exacta para hacer prospecciones sobre la población, pero sí refleja movimientos que hay que estudiar con atención, sobre todo cuando aparecen datos que indican cambios sostenidos de tendencia. Eso es lo que ocurre con la información que ayer distribuyó el Instituto Nacional de Estadística (INE): es el tercer año consecutivo en el que se reduce la población empadronada en España, y en 2013 se ha agudizado este movimiento. Así, al finalizar el año pasado había en España 46,72 millones de habitantes, 404.000 menos que un año antes, lo que deja el padrón en el mismo nivel que registraba hace cinco años.La mayor parte de esta caída se debe a la salida de 545.000 extranjeros del país, que la subida de 141.000 españoles empadronados más no ha podido compensar.

Esta reducción de habitantes se une a la constatación del progresivo envejecimiento de la población: el 45,9% de los españoles tiene ya más de 44 años, mientras que entre los extranjeros residentes en nuestro país esa proporción es del 25%. En otras palabras, si la masiva llegada de extranjeros a España –pasaron de 923.000 a 5,74 millones entre 2000 y 2010– contribuyó a mitigar el acuciante problema poblacional, su salida vuelve a poner en primer plano el peligro del envejecimiento de la sociedad. La experiencia muestra que el incremento de la población sustentado por extranjeros que llegan al país no es consistente, porque igual que llegan cuando hay prosperidad –y aportan ingresos tributarios y en las cotizaciones sociales– se van cuando llega una crisis económica.

El INE realizó en 2012 unas proyecciones de población que indicaban que a partir de 2018 –dentro de cuatro años y medio– habrá en España más defunciones que nacimientos y que en 2052 el país podría perder una décima parte de su población. Todo ello, además, suponiendo un índice de fecundidad superior a los 1,32 hijos por mujer fértil que se registró en 2012.

Son proyecciones a largo plazo que pueden o no cumplirse, pero que indican una tendencia que cualquier Gobierno responsable debe tener en cuenta. Estamos, sí, ante una cuestión sociológica, pero con un fuerte componente económico que puede terminar con un pilar básico del Estado del Bienestar: que los jubilados puedan cobrar una pensión pública digna en el futuro. El Congreso aprobó en diciembre del año pasado una reforma del sistema de pensiones que contó con el rechazo de toda la oposición. El nuevo modelo eleva a 25 años de cotización el listón para poder optar a la pensión máxima; establece a partir de 2019 un factor de sostenibilidad para el cálculo de la pensión según la esperanza de vida, y sube a 67 años la edad para jubilarse, escalonadamente hasta 2027.

Son medidas dolorosas porque implican una reducción de la pensión, pero necesarias y bien encaminadas –aunque con plazos demasiado lejanos– para preservar el modelo. Pero fueron tomadas cuando los mercados y la Troika presionaban con fuerza y exigían al Gobierno resultados a corto plazo en su política reformista. Con una situación económica que se empieza a encauzar, es el momento para empezar a estudiar una reforma definitiva en el seno del Pacto de Toledo que asegure que los trabajadores de ahora puedan cobrar una pensión digna cuando se jubilen. Y en esa reforma deberá entrar de una u otra forma la iniciativa privada porque el sistema público no será sostenible.