Bilbao – La tasa de pobreza real entre la población extranjera que residía en Euskadi en 2012 se situaba en el 26,8% del total, frente a un índice de pobreza de la población nacional del 3,8%, según recoge el anuario de inmigración en el País Vasco 2013, realizado por el Observatorio vasco de la Inmigración. Este estudio indica que las consecuencias de la crisis del empleo posteriores al 2008 no han provocado un aumento significativo de la tasa de pobreza de los inmigrantes respecto a 2004, tras la gran primera oleada inmigratoria.

En este sentido, el incremento de 12,7 puntos en la tasa de pobreza real de la población extrajera de Euskadi en el periodo 2000 – 2004, contrasta con la realidad de una cifra de pobreza en 2012 que resulta apenas superior en 1,8 puntos a la del 2004 (un 28,6% de pobreza, frente al 26,8% ocho año antes).

La tendencia alcista a largo plazo en la tasa de pobreza real de la población extranjera contrasta con lo sucedido en la población nacional. En este caso, después de alcanzarse un mínimo del 3% en 2008, el moderado repunte del indicador tras la crisis financiera permite mantener en 2012 una tasa claramente inferior a la de 2000 (3,35 de pobreza, frente al 5,1%). De esta forma, las tasas de pobreza real de la población nacional se mantienen entre el 3% y el 3,8% en el periodo 2004 – 2012, muy por debajo de las observadas entre la población extranjera (entre el 25,2 y el 26,8% en ese periodo).

Cambio de percepción

Pero, a pesar de los endebles datos económicos, la sociedad vasca no considera la inmigración como un problema. En comparación con 2012, la percepción de la inmigración como problema ha disminuido considerablemente, pasando del 11,6% al 7,2%.

Con la agudización de la crisis, los ciudadanos consideran el paro, la difícil situación económica, los vaivenes de la clase política, la corrupción y el fraude los principales problemas que tiene actualmente Euskadi. De hecho, la inmigración se queda muy lejos del problema del paro (89,8%), las preocupaciones de índole económica (26 ) y la clase política (21,9), así como de la corrupción y el fraude (20,4%), y por debajo de la vivienda (13%), la sanidad (10,2%, o la inseguridad ciudadana (8%). – Europa Press