Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Estrasburgo obliga a España a no expulsar a 30 saharauis a los que negó asilo político

Dice que los inmigrantes tendrán que permanecer en territorio nacional hasta que agoten las vías legales para recurrir esta decisión

Deia, EP, 22-04-2014

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha obligado a España a
mantener en el territorio nacional a 30 saharauis a los que se rechazó
conceder asilo, y que demandaban al Estado por no haber obtenido
respuesta a las peticiones que plantearon a los tribunales españoles.

MADRID. La sentencia del tribunal europeo establece que no podrán ser
expulsados “hasta que se produzca una decisión definitiva sobre sus
demandas de protección internacional”. Los demandantes consideran que en
su caso se vulneraron los artículos 2 (derecho a la vida), 3
(prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 13 (derecho a un
recurso efectivo), de la Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En su recurso ante el tribunal con sede en Estrasburgo
alegaron que escaparon de un campo del Sáhara Occidental después de que
éste fuera atacado brutalmente por la policía marroquí y que llegaron en
barco a Canarias entre enero de 2011 el agosto de 2012.

A su llegada a España solicitaron asilo, pero esta protección
les fue denegada por el Gobierno. Sus recursos administrativos contra
esta decisión fueron rechazados igualmente de forma sistemática, por lo
que consideran que sus derechos fundamentales se vieron vulnerados.

NO SE HAN AGOTADO LAS VÍAS LEGALES “El Tribunal ha
observado que no se han agotadado las vías legales de recurso contra el
rechazo del asilo en la jurisdicción nacional” por lo que – – dice – – “la
Justicia no ha tenido aún ocasión de pronunciarse de forma definitiva”

El TEDH establece que “el Estado español deberá de garantizar, jurídica y
materialmente, la estancia de los demandantes en el territorio español
durante el examen de sus causas y hasta que exista una decisión
definitiva sobre sus demandas”. Considera que España ha violado el
artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el
derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional.

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