Las políticas de garantías de ingresos en Euskadi han cumplido esta semana 25 años de existencia, tiempo en el que han tenido la ocasión de mostrar su poder de cohesión social. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), que gestiona desde 2012 la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), mantiene un delicado equilibrio entre los requisitos que dicta la ley y la realidad de las personas que acuden a sus oficinas en busca de ayuda. «Hay que cumplir la normativa, pero a veces se sufre», afirma Adolfo Alustiza, director de Lanbide.

- En el acto para celebrar el 25 aniversario de la renta mínima de inserción el lehendakari dijo que la protección social forma parte de nuestro ADN público y que está garantizada, pero en el exterior un grupo de personas acusó al Gobierno Vasco de querer destruirla. ¿Quién tiene razón?

- Para que no sea una cuestión de opiniones, le voy a dar una cifra. En los años 2011, 12 y 13 el Gobierno Vasco ha disminuido un 6,9% el gasto, mientras que el gasto en RGI se ha incrementado en un 8,8%. Esta es la respuesta de si queremos destruir el sistema o no. Fue un gobierno impulsado por el PNV el que lo puso en marcha y a pesar de que el gasto del Gobierno ha bajado, el gasto en RGI se ha incrementado sustancialmente.

- ¿A qué cree que se debe la percepción social de que hay recortes?

- En gran medida hay una estrategia política, pero insisto en que no solo no se ha recortado en políticas sociales, sino que se ha gastado más y, en una época en la que hay muchas personas que sufren, garantizar un sistema de cobertura es fundamental. Para eso nació la RGI y en estos momentos es cuando se puede apreciar que el sistema funciona, que está sosteniendo en este país a 130.000 ciudadanos que tienen carencias.

- El grupo del que le hablaba antes dijo que en 2013 Lanbide ha dado por desaparecidas a más de 15.000 personas, y que en 2014 ya son más de 3.000. ¿No es esto un recorte encubierto?

- Lo que tiene que hacer Lanbide es gestionar lo que dice la ley, que se hace en el Parlamento y que establece las condiciones de las prestaciones. Si la ley dice que a los dos años una persona tiene que renovar, debe hacerlo, y si no renueva decae su derecho a la prestación. Si la ley dice que una persona no puede estar fuera de la comunidad autónoma más de un mes, pues no puede estar, y eso lo ha establecido el Parlamento Vasco, no Lanbide. Si tiene que estar localizable en un domicilio y no da señales de vida, automáticamente sale del sistema. Los perceptores saben que tienen unos derechos y unas obligaciones. No puede ser que se esté pagando una prestación a alguien que no se sabe dónde está, pero no es una cuestión de que Lanbide dé por desaparecidas a una serie de personas.

- ¿Cuando Lanbide sostiene que lucha contra el fraude, se refiere a este tipo de situaciones?

- A eso yo no lo llamaría fraude. Por las circunstancias que sean, las personas no cumplen con sus obligaciones y se suspende la prestación, pero no entiendo que eso sea luchar contra el fraude.

- ¿Qué es entonces?

- A mí me gusta más hablar de cobro justo en vez de fraude. Lo que tiene que hacer Lanbide es facilitar la prestación a las personas con derecho a ella, y no debe dársela a los que no tienen derecho. El criterio es algo que establece el Parlamento, Lanbide se tiene que asegurar de que cobra quien tiene que cobrar.

- ¿Hay mucha gente que se queda sin prestación?

- La no renovación no es lo más habitual. Se suele renovar, y ésta es una de las características de nuestro sistema de prestaciones: que no es temporal. En otros sistemas hay un tope de percepción y a partir de una fecha determinada ya no se cobra prestación. Nuestro modelo es en este sentido mucho más garantista que otros; lo que viene a decir es que mientras persistan las causas que dan derecho a una prestación existe el derecho a percibirla.

- Si se mantiene la crisis y aumentan las prestaciones ¿hasta dónde puede llegar el dinero?

- Esta es una pregunta que nos hacemos todos. Casi todos buscamos la respuesta en el exterior y nos cuestionamos cuánto puede aguantar el sistema, pero para contestar yo empezaría a preguntarme cuánto estoy dispuesto yo, de mi dinero, a compartir solidariamente para que las personas en situación de riesgo no caigan en la pobreza. La primera pregunta que hay que resolver es qué esfuerzo voy a hacer yo con mis impuestos.

- ¿Y la segunda?

- También hay que preguntarse si somos una sociedad capaz de generar riqueza y de recaudarla de manera justa y proporcional para repartirla.

- Lo malo es que una de las víctimas de la crisis económica es la solidaridad.

- El otro día dije que uno de los efectos de una crisis prolongada es el miedo, y el miedo es el peor enemigo de la solidaridad. Si la crisis se prolonga mucho, sin que la sociedad perciba expectativas de mejora, se resiente la solidaridad. Además hay ideologías que se aprovechan de esa circunstancia para fomentar el miedo e intentar que el estado de bienestar vaya hacia atrás.

- ¿Quizá porque muchas personas no son conscientes de que pueden acabar llamando a las puertas de Lanbide?

- Hay una visión absolutamente equivocada del perceptor de la RGI. En general la ciudadanía piensa que son inmigrantes, cuando lo cierto es que este colectivo supone el 28% de los perceptores. Hay otro 28% que son pensionistas, fundamentalmente viudas, y el resto autóctonos en edad de trabajar. También hay que tener en cuenta que en el último año el incremento de autóctonos que cobran la RGI es del 17% y el de extranjeros del 0,4%. Esto quiere decir que aquí los extranjeros vienen a trabajar y no a cobrar la prestación. El perceptor tipo de la RGI es mujer de entre 35 y 40 años y con cargas familiares.

- Cada vez hay más universitarios entre los perceptores.

- Es lógico, porque el sistema de la RGI es lo último de la cadena. Cuando se destruye empleo normalmente los que primero se quedan sin trabajo y pasan a la RGI son los que menos formación tienen. Los últimos que caen en el desempleo son por lo general las personas más formadas, con lo que cuanto más se prolongue la crisis más va a aumentar el número de gente con formación superior en la RGI.

- ¿Hay profesionales expertos en el cobro de subsidios?

- Hay gente experta en defraudar a Hacienda y en delinquir, y la habrá también con los subsidios. Posiblemente existan estas personas, pero como existe el fraude en el fisco y en otros muchos ámbitos. En todo caso, lo que sí puedo asegurar es que se da en menos proporción que en otros lugares. El año pasado, la Diputación de Bizkaia afloró en fraude fiscal 400 millones de euros y la de Gipuzkoa 394 millones, que son cifras para reflexionar. Cuando hablamos de fraude a la sociedad tenemos que hablar de todo el fraude, porque parece que el de los pobres es más grave que el de los ricos y no debiera ser así. Parece que causa más alarma social el fraude de los pobres que el de los ricos. En todo caso, nuestra obligación es tranquilizar a la población y transmitirle el mensaje de que su dinero se gestiona adecuadamente.

- Entre 1991 y 1999 fue director de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza. ¿Cómo ha acabado en Lanbide?

- De verdad, y esto es una cuestión de sentimiento, yo me siento un servidor público. Amo a mi país, estoy en un equipo que se llama PNV y juego donde los entrenadores me ponen, por eso no me parece un cambio extraño. También es cierto que entre aquella época y esta he pasado por los servicios sociales de Bizkaia.

- ¿Entiende la indignación de los que se manifiestan en la calle contra los recortes sociales?

- Con respecto a la RGI no la entiendo. Primero, porque lo que dicen no es verdad y, segundo, porque estamos hablando con ellos. También es cierto que algunas críticas que nos hacen tienen sentido porque Lanbide todavía tiene un camino que recorrer, y mientras no se recorra plenamente puede haber personas afectadas, pero eso es algo que ya sabemos y nos esforzamos para mejorar. Otra cosa es que se haga una crítica tan feroz al sistema, eso no lo entendemos porque tenemos un sistema que da cobertura al 86% de personas con problemas de necesidad y coloca a Euskadi como el segundo país de Europa en cohesión social después de Suecia. A mí me parece muy bien que se critique el sistema, pero que se diga comparado con quién, que se nos diga dónde podemos copiar algo mejor y dónde hay mejores resultados que los nuestros.

- Como experto que ha sido en Seguridad, ¿ve riesgo de que disturbios como los de Madrid se contagien al País Vasco?

- No soy adivino pero espero que no, porque aquí la situación no es tan mala. Tenemos una red que cubre las necesidades más básicas de la gran mayoría de la población vasca y además parece que vamos a empezar a salir de la crisis.

- ¿Cuesta decirle a una persona a la cara que no tiene derecho a recibir una prestación?

- Cuesta muchísimo. Hay personas que no encajan en lo que es la normativa y sin embargo tú subjetivamente ves que necesitan esa ayuda pero no se la puedes dar porque no cumplen algún requisito. Los trabajadores de Lanbide tienen que hacer cumplir la normativa y a veces sufren por ello.

- ¿Ha habido problemas en algunas oficinas?

- Cuando entramos a finales de 2012 tuvimos varios incidentes, pero en la medida en que los perceptores han empezado a cobrar con mayor celeridad y en los plazos normales de tiempo se ha rebajado muchísimo la tensión.

- ¿Cómo estaría Euskadi sin el sistema de prestaciones implantado hace 25 años?

- Seguro que con unos índices de pobreza y un nivel de paro parecidos al Estado y con mucho mayor nivel de conflictividad. Nosotros tenemos el 4,6% de la población del Estado y somos el territorio con menos ciudadanos con carencias. En nuestro caso el porcentaje de estas personas alcanza el 6,9%, mientras que España está en el 17,85% y en la comunidad que más tiene, que es Murcia, está en el 27,8%. Sin las prestaciones posiblemente hubiéramos estado como Murcia. Más datos: somos los que más gastamos en rentas mínimas, el 40% de lo que se gasta en todo el Estado.

- ¿Cree que la RGI debe considerarse un gasto?

- Los 435, 3 millones que se destinaron a prestaciones en 2013 es dinero invertido en la sociedad vasca. Son millones que generan empleo y riqueza. Otra de las labores que tendremos que hacer es cuantificar todo esto para que la gente sepa que está haciendo una inversión social y también económica.