La saturación de los centros de inmigrantes de Ceuta y Melilla ha obligado a trasladar en el último año a Valencia a más de 200 inmigrantes procedentes de estas dos ciudades fronterizas con Marruecos. Según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS de fuentes judiciales y de Interior, se sospecha que un buen número de estos ciudadanos magrebíes y subsaharianos llegaron a territorio español saltando la valla que divide ambos países. Otros lo hicieron por vía marítima.

Del total de 985 inmigrantes que a lo largo del año pasado pisaron el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, alrededor de un 22% corresponde a estos ‘sin papeles’ a los que el Estado se ha visto obligados a repartir por la Península. Mientras permanecen en tierras valencianas, la Policía Nacional trata de establecer su origen y documentarlos. Otros sobre los que ya se ha concluido este trámite han permanecido retenidos en Valencia hasta que se autoriza su expulsión desde Ceuta o Melilla.

En algunos casos, los menos, logran la ansiada libertad. Es lo que ocurrió el lunes con los seis inmigrantes que aseguran ser de Mali y que actualmente permanecen en un piso de acogida de la ciudad tras recibir el auxilio de la ONG Movimiento por la Paz. Como avanzó LAS PROVINCIAS, ellos fueron traídos a Valencia hace aproximadamente un mes junto a un grupo de unos 30 hombres y mujeres procedentes de la valla de Melilla.

Pese a los continuos traslados a Valencia de inmigrantes interceptados en la frontera con Marruecos, esos 985 irregulares que el año pasado llegaron al CIE de Valencia supone la cifra más baja de internos de los últimos años. Basta echar la vista atrás a 2011, un año en el que fueron 1.700 los extranjeros que llenaron las instalaciones de Zapadores, prácticamente el doble.

¿Una cuestión de ahorro?

Detrás de este descenso está, como es lógico, la caída generalizada en la llegada de inmigrantes a la Comunitat. Aunque hay quien estima que hay «otras razones de fondo». Así lo cree Paco Solans, presidente de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia. «Se interna y se expulsa menos porque el Estado tiene menos dinero. Resulta más caro retener y trasladar a sus países a los inmigrantes que imponerles multas por estancia irregular, que es actualmente una tendencia en alza en Valencia».

En efecto, las expulsiones también han experimentado un considerable descenso. Se han reducido a la mitad en cuatro años. El año pasado unos 600 inmigrantes del CIE de Zapadores, algo más de un 60% de los internos, acabaron de vuelta a sus países con una orden de expulsión bajo el brazo. En 2009 fueron exactamente 1.427 los inmigrantes expulsados de España cuyo expediente de retorno se tramitó desde Valencia.

El otro gran grupo es el de aquellos que logran su ansiado propósito: la libertad en tierras españolas. Aproximadamente fueron 360 los internos que lograron dejar las instalaciones de Zapadores sin que los policías encontraran modo de documentar su procedencia, por orden judicial o bien al transcurrir el plazo máximo legal de 60 días que la ley marca como tope de permanencia en los centros.

Las fuentes judiciales consultadas insisten en una idea que es común en los últimos años: alrededor de un 75% de los internos que acaban en Zapadores han tenido relación con el delito durante su estancia en nuestro país. Normalmente son robos, tráfico de drogas o delitos contra la propiedad industrial. «No se trata simplemente una cuestión de papeles. La mayoría posee antecedentes policiales o penales», recalcan.

Del delito a la expulsión

Delinquir es una de las razones que contempla la Ley de Extranjería para justificar una expulsión. Una de las prácticas comunes entre los inmigrantes es recurrir las condenas por estos delitos como argumento para paralizar en los juzgados las órdenes de expulsión.

Es lo que intentó a mediados de abril Ingrid Johana Osorio, una joven inmigrante colombiana que residía en Mislata. Un juzgado de Valencia paralizó su expulsión en atención a ese recurso, pero la orden de la magistrada llegó demasiado tarde, cuando la joven ya estaba en un vuelo de camino a su país de origen. «Es una injusticia. Mi cuñada fue deportada con un documento judicial firme de no expulsión», lamenta su cuñado Miguel Ángel Seoane.

Otro derecho al que pueden acogerse los inmigrantes es el de la petición de asilo. Jaume Durá, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). «Cada vez se piden más porque los inmigrantes conocen mejor los derechos. Hasta hace pocos años eran muy escasas las solicitudes», asegura. Sin embargo, fuentes policiales consideran que a veces se usa este derecho como una simple estrategia, un sistema desesperado de última hora para intentar paralizar expulsiones.

Y en pocas ocasiones prospera. En 2012, por ejemplo, inmigrantes retenidos en el CIE de Valencia efectuaron casi una treintena de peticiones ante la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio de Interior. Sólo dos fueron admitidas a trámite.

Criterios dispersos

Paco Solans cree que actualmente existe un problema en Valencia: «la ilógica dispersión de criterios entre diferentes comisarías de policía». «Hemos encontrado casos de un mismo inmigrante al que en una población proponen su expulsión y en otra, multas por estancia irregular que rondan los 500 euros». «¿Si es un caso idéntico, por qué no se actúa igual en todos sitios», se pregunta el responsable del ICAV.

Solans también carga contra la Subdelegación del Gobierno en Valencia. «La ley dota a este organismo de poder y criterio para firmar, matizar o rechazar las propuestas de expulsión o sanción que realiza la policía sobre un inmigrante», describe. «Pero la realidad es que dan por buenas todas y cada una de ellas. No aparece el más mínimo sentido crítico». En breve, se firmará un nuevo acuerdo entre los abogados y el CIE para regular las condiciones de la asistencia letrada a los internos.