Las islas y peñones que España tiene repartidos en el norte de África vuelven a estar en el foco de atención de los inmigrantes que buscan cualquier resquicio para colarse en Europa por la puerta de atrás. Ayer, de madrugada, siete inmigrantes de origen subsahariano llegaron al archipiélago de las Chafarinas con la intención de tocar suelo español para pedir asilo político. Su presencia en la deshabitada isla del Congreso no fue detectada por la guarnición militar que custodia la soberanía española hasta varias horas más tarde.

La voz de alarma la dieron los propios subsaharianos, que se pusieron en contacto con el Colectivo Caminando Fronteras para pedir auxilio, asegurando que entre ellos había tres menores de edad y que uno estaba enfermo. Este extremo, sin embargo, fue desmentido por la Comandancia General de Melilla, que desplazó a primera hora de la tarde a una parte de los 30 legionarios destacados en la isla de Isabel II, situada en el centro de las Chafarinas, a pocos metros de la isla donde habían desembarcado los inmigrantes. Entre los militares había un enfermero que hizo un reconocimiento a los subsaharianos y comprobó que todos estaban en buen estado. Ni heridos ni enfermos en la expedición de la patera, entre los que había tres de Mali, uno de Costa de Marfil, dos de Guinea y uno de Congo. Todos ellos recibieron alimentos, agua y mantas de los militares españoles.

La ONG que pudo hablar por la mañana con los subsaharianos denunció a través de las redes sociales que desde el momento en que los soldados fueron a atender a los inmigrantes, perdieron el contacto con ellos. Nada se sabe desde entonces, ya que la Delegación del Gobierno en Melilla tampoco ha dado información oficial sobre este asunto, salvo la confirmación de que habían llegado inmigrantes de forma clandestina a las Islas Chafarinas. Y mucho menos dio pistas de qué iba a hacer con ellos: si dejarlos allí más tiempo como hizo en el caso de la Isla de Tierra en 2012; entregarlos a Marruecos, como terminó haciendo en aquel caso después de varios días para cerrar de forma llamativa esta vía de entrada a las mafias; o bien trasladarlos a Melilla, que fue la opción elegida hace justo un año cuando otras dos pateras consiguieron desembarcar en el archipiélago español en apenas tres semanas con 15 inmigrantes en total.

Aquellos dos casos apenas generaron ruido mediático, ya que el Gobierno decidió en el mismo día su traslado inmediato a Melilla. La ciudad autónoma no vivía entonces una presión migratoria tan extrema como la que tiene ahora sobre sus fronteras terrestres y marítimas, que amenaza con batir récords este año aun cuando no se ha producido ningún intento de entrada desde hace casi dos semanas.

En cambio, ayer fue distinto por el hermetismo informativo que mantuvo la Delegación del Gobierno y que hasta ahora había sido inusual en esta legislatura, aun cuando la institución dejó la puerta abierta a emitir una nota de prensa a lo largo del día. Una de las portavoces de Caminando Fronteras, Helena Maleno, expresó a través de Twitter su «miedo» a que esto pudiera significar que los siete inmigrantes pudieran ser objeto de una de las denominadas devoluciones en caliente, tan denunciadas últimamente por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y negadas sistemáticamente por Interior.