Dieciséis presuntos narcotraficantes liberados en cuatro días. Los problemas que siguen provocando las notorias deficiencias en la reforma legal que recorta el principio de justicia universal se manifestaron de nuevo ayer en una resolución del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Ocho marineros de nacionalidad siria que fueron abordados en un barco con pabellón de Sierra Leona cargado con 12 toneladas de hachís fueron puestos en libertad. Todos ellos serán expulsados con toda probabilidad a Siria.

Ya el pasado martes, el juez Fernando Andreu tomó una decisión similar respecto de ocho supuestos narcotraficantes egipcios y este periódico informó de la inminente determinación en el mismo sentido de su colega Gómez Bermúdez, que ayer volvió a demostrar su capacidad para la frase redonda: «El juez debe aplicar la ley le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante».

En los dos casos, la resolución se adoptó con la oposición de la Fiscalía Antidroga, que considera que la remisión a los tratados internacionales que se hace en la reforma legal debería ser suficiente para resolver estas situaciones. La nueva norma impide a los tribunales españoles, aparentemente, atribuirse jurisdicción para investigar posibles delitos de tráfico de drogas cometidos en aguas internacionales, excepto si la nave enarbola pabellón español, o sus tripulantes lo son o los estupefacientes tienen como destino para su distribución España.

El caso de Gómez Bermúdez es el del barco Mayak: navegaba bajo bandera de Sierra Leona, todos los marineros son sirios y fue interceptado por un buque de Vigilancia Aduanera a 30 millas al sur de Málaga, más allá del límite, por tanto, de las aguas territoriales. No cumpliría, por tanto, con ninguno de los requisitos que establece la ley para que un juez español se ocupe de la causa y, así: «La vinculación del juez a la ley es piedra angular del sistema de Justicia y una de las mayores garantías para el ciudadano, pues le pone a cubierto de la arbitrariedad», escribe Gómez Bermúdez.

La Fiscalía, sin embargo, discrepa y sostiene que la reforma legal no sólo no restringe las investigaciones de narcotráfico, sino que, de hecho, «amplía» la jurisdicción española. Y que el Convenio de Viena sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes impone a España la «necesaria cooperación». Los fiscales dirigidos por José Ramón Noreña argumentan que, cuando los ocho sirios fueron arrestados, estaba vigente la normativa anterior y que, cuando entró en vigor la nueva, los presuntos narcos ya estaban en España. Eso bastaría para dar cobertura a la Justicia española.

Existe otro caso parecido al que ha acabado con la liberación de 16 presuntos narcotraficantes. La Sección Segunda está a punto de enjuiciar a otros 12, aunque en esta causa es probable que el tribunal remita la decisión al Pleno.