FERROL. La Policía Nacional da por desarticulada una organización criminal  de ciudadanos rumanos que explotaba a compatriotas de entre 13 y 17  años a los que obligaba a mendigar en las calles de Ferrol. Según informa este jueves la Policía, los agentes han liberado a  seis víctimas, cinco de ellas menores de edad, que eran obligadas a  ejercer la mendicidad en las calles de Ferrol y 20 miembros de un  clan familiar que retenía a las menores han sido arrestados por  delitos de trata de seres humanos y mendicidad de menores, entre  otros. Las víctimas habían sido traídas desde Rumanía bajo la promesa a  su familia de contraer matrimonio con un miembro del clan y trabajar  en España, logrando así que les cedieran su custodia. Una vez en  España, las menores eran “verdaderas esclavas para las familias de  acogida”, según explica la Policía, y debían ocuparse de la casa, los  niños y dedicar al menos ocho horas diarias a ejercer la mendicidad  “bajo durísimas condiciones”. Además, tres de las menores liberadas habían dado a luz  recientemente y eran amenazadas con que venderían a sus bebés si no  obtenían mayores limosnas, que los detenidos usaban en adquirir  coches de alta gama. INICIO La investigación comenzó a principios del año 2013, cuando  trabajadores de los Servicios Sociales del complejo hospitalario de  Ferrol comunicaron a la Policía Nacional el ingreso en dicho centro  de una menor de edad sin acompañar que se encontraba en avanzado  estado de gestación. La joven, de 16 años, desconocía totalmente el  castellano y “parecía estar muy asustada”, según el relato policial. En las primeras investigaciones de la Policía, se descubrió que la  menor se encontraba a cargo de una familia de origen rumano afincada  en Ferrol, cuyo líder contaba con un acta de declaración notarial  rumana concedida por los padres de la niña que autorizaba para que  ésta fuera trasladada a España. Los agentes averiguaron que había otras menores de edad a cargo de  miembros del mismo clan familiar y todas ellas estaban dotadas de la  correspondiente acta de declaración notarial rumana necesaria para su  custodia. La Policía precisa que todos los implicados tenían funciones   diferenciadas para la consecución de los objetivos de la  organización. Así, el grupo criminal se estructuraba en varias  familias, dirigidas y coordinadas por un único hombre de 64 años de  edad, “a quien recurrían ante cualquier contratiempo y al que  obedecían ciegamente”. Los miembros del clan, según relatan las mismas fuentes  policiales, colaboraban para engañar a las familias de las menores.  De este modo, el engaño no sólo era sobre la relación sentimental que  las chicas iban a mantener con los varones del clan, sino también  sobre la actividad laboral que ambos iban a realizar en España. En concreto, el clan aseguraba que se dedicaba a realizar trabajos  agrícolas o en el sector de la construcción, y así conseguía ganarse  la confianza de los padres de las niñas, que les facilitaban la  documentación necesaria para poder traerlas y “acogerlas” en España. En otros casos, la organización compraba la voluntad de las  familias de las niñas con cantidades de dinero que variaban entre  2.000 y 6.000 euros como compensación por llevarse a sus hijas a  España, lo que autorizaban sin ningún tipo de consentimiento por  parte de las jóvenes. Por otro lado, este dinero debía ser devuelto a  la organización en el caso de que la chica tuviera que ser retornada  a Rumanía porque no sirviera para mendigar o su comportamiento no  fuese el esperado por su “familia de acogida”, precisa la Policía. CONDICIONES DURAS En el momento que llegaban a la localidad de Ferrol y su comarca,  las menores eran obligadas a trabajar para las familias que las  acogían en horarios que abarcaban todo el día, teniendo que cuidar de  los niños, preparar comidas para todos los miembros del clan,  realizar la compra, así como las labores del hogar, además de ejercer  la mendicidad durante, al menos, ocho horas diarias. Las condiciones de vida a las que estaban sometidas las víctimas  “eran durísimas”, según subraya la Policía, siendo constantemente  vigiladas por mujeres mayores del clan, que no les permitían en  ningún momento quedarse con el dinero obtenido. Además, estas mujeres se aseguraban del “total aislamiento” de las  víctimas, así como de su “absoluta dependencia” del clan. Todo el  dinero que obtenían tenían que entregarlo a los dirigentes de cada  familia, siendo el patriarca del clan quien decidía, según señala la  Policía, en función de las necesidades, si alguna de estas familias  debía de dar dinero a otra por no haber recaudado sus chicas lo  suficiente. Estos beneficios eran utilizados en la mayoría de los  casos para invertir en el mercado automovilístico. Las niñas eran sometidas frecuentemente a “todo tipo de insultos,  vejaciones y continuos maltratos”, obligándolas a mendigar incluso  bajo condiciones climatológicas adversas, siendo observadas y  vigiladas por los miembros del clan en todo momento  desde un  vehículo que aparcaban próximo a ellas. CUATRO HIJOS Las investigaciones realizadas han permitido la liberación de seis  víctimas, cinco de ellas menores, y cuatro hijos de las mismas de  entre tres meses y tres años. Además, en el operativo han sido  arrestadas 20 personas como presuntas responsables de delitos de  trata de seres humanos, mendicidad de menores y pertenencia a  organización criminal. La operación, llevada a cabo por el Grupo VIII de la Brigada  Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de  Extranjería y Fronteras, la Brigada Local de Extranjería y Fronteras  de Ferrol – Narón (A Coruña), ha sido posible con la colaboración de  las autoridades rumanas, y la coordinación entre la Agregaduría de  Interior de las Embajadas de Rumanía en España y de en España en  Rumanía, según resaltan las mismas fuentes. En el transcurso de la misma, que ha contado con la participación  de 50 agentes, se han realizado seis registros domiciliarios y la  autoridad judicial ha ordenado la inmovilización de dieciocho  vehículos, siendo alguno de ellos de alta gama, y el bloqueo de  varias cuentas bancarias. Además se han intervenido numerosas actas de declaración notarial  de Rumanía y diversa documentación personal de las víctimas, mucha de  la cual se encontraba bajo llave y que está siendo analizada, 4.000  euros en efectivo, libretas bancarias, armas blancas, dispositivos  electrónicos y terminales móviles de última de generación.