La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido de que se podría estar produciendo una vulneración de derechos fundamentales y de la ley por las «mal llamadas devoluciones en caliente» de inmigrantes a Marruecos cuando pretenden entrar en Melilla de manera irregular.

El secretario general de la AUGC, Alberto Moya, ha afirmado que se han constatado situaciones de posible vulneración, de lo que ya se han hecho eco otras instituciones, como el Defensor del Pueblo o la Conferencia Episcopal, lo que supone para los guardias civiles posibles responsabilidades legales y un «descrédito» a la labor que hacen.

Moya ha lamentado que esta situación está empañando la buena imagen que la sociedad tiene de la Guardia Civil, además de un malestar generalizado en el cuerpo, ya que los agentes que deben desempeñar estas obligaciones laborales «no están recibiendo órdenes claras y precisas de cómo actuar».

«La situación se agrava por momentos y ya hay procedimientos judiciales abiertos instruyéndose», ha dicho el responsable nacional de la AUGC, que ha recordado que esta organización lleva pidiendo desde mayo del año pasado un protocolo de actuación para estas situaciones.

Según el responsable de la AUGC, este protocolo debe regular la cooperación con otros servicios públicos, como la Policía Nacional o Salvamento Marítimo, ya que «la Guardia Civil es un instrumento más al servicio del Estado de Derecho, pero no el único».

Además de este protocolo, Moya también ha pedido que se amplíe el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil en Melilla , donde la Comandancia tiene «un déficit importante», que ha cifrado en un centenar de agentes.

El secretario provincial de la AUGC, Yamal Al-Lal, ha apuntado que existe en estos momentos una sobrecarga de trabajo en los guardias civiles destinados en los cuatro pasos fronterizos que hay entre Melilla y Marruecos, en los que los agentes «reciben agresiones casi a diario desde el otro lado de la frontera», a lo que se añade la presión migratoria en el perímetro.

En su opinión, el aumento de efectivos necesario debería rondar los trescientos o cuatrocientos agentes porque «no se puede parar una avalancha de ochocientas o mil personas y que en ese momento haya tres o cuatro guardias civiles» como se ha podido observar en las imágenes de los asaltos difundidas por Interior.