El concepto de frontera «retranqueada» que suele utilizar el Gobierno para justificar sus devoluciones en caliente no tiene razón de ser en las vallas de Ceuta y Melilla. La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, afirmó ayer que estos lugares ya son territorio español y, por tanto, no procede enviar al momento por donde han venido a los sin papeles, como suelen hacer las Fuerzas de Seguridad.

La ex ministra de Cultura del PP contradice así al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que, cuando compareció en el Congreso el pasado 13 de febrero para explicar la tragedia de Ceuta, defendió que, «por exigencias operativas nacidas de la necesidad de garantizar una adecuada impermeabilización fronteriza, la frontera en sentido jurídico político, es decir, el doble vallado, está retranqueada con respecto a la línea divisoria geográfica topográfica. Hasta que se traspasa la segunda valla no hay, por tanto, entrada irregular en territorio español».

«Nos duele enormemente la imagen desgarradora de personas subidas en una valla o en lo alto de un poste. Por eso, a esas personas tenemos que tratarlas conforme a la legalidad», manifestó ayer Becerril ante el Pleno del Senado, donde dio cuenta de la memoria de su organismo, según informa Europa Press. La defensora explicó que no procede acometer devoluciones en caliente si los inmigrantes «están en territorio español». «Y creemos que lo están», añadió, dando la razón al Consejo General de la Abogacía Española, a las entidades sociales e incluso a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que una y otra vez denuncian que las devoluciones en caliente son «ilegales».
Becerril insistió en que España cuenta con una legislación «garantista» que no contempla estos procedimientos. «Desde el momento en que una persona está en territorio español, tiene que ser tratada conforme a la legalidad vigente. No entiendo que se hable de devoluciones en caliente, eso no existe en la Ley de Extranjería», señaló.

La Ley de Extranjería contempla varias modalidades de repatriación, desde la expulsión –la más garantista para el inmigrante– hasta la denegación de entrada por frontera, pasando por la devolución. Todas ellas suponen ofrecer por lo menos asistencia jurídica y un intérprete al sin papeles, algo que no se hace en las devoluciones en caliente, que ni siquiera cumplen con el acuerdo de readmisión firmado en 2012 entre España y Marruecos. «Cuando una persona entra en territorio español de manera no legal, tiene un tratamiento de acuerdo con la ley, unos procedimientos, una asistencia y unas verificaciones que hace la Policía Nacional, y, si no reúne los requisitos previstos en la propia Ley de Extranjería, esa persona será devuelta, pero hay primero una tramitación y hay que cumplirla mientras esta ley esté en vigor», recordó Becerril.

Por otro lado, el PP rechazó ayer en el Congreso la propuesta del PSOE de destituir al director de la Guardia Civil y al delegado del Gobierno en Ceuta por los 15 inmigrantes que murieron el 6 de febrero. El socialista Antonio Trevín dijo que un «asesor» del delegado del Gobierno se encontraba a pie de playa, presenciando los hechos, lo que demuestra que no es cierto que no tuviera desde el primer día informes exactos de lo que ocurrió, informa Marisol Hernández.