Los actores sociales pueden salirse del guion, no son, a diferencia de los políticos, rehenes de las posiciones preconcebidas de los partidos. Gracias a ello se han producido llamamientos al diálogo tan políticamente incorrectos como el de Gemma Nierga tras el asesinato de Ernest Lluch («ustesdes que pueden, dialoguen»). En esta ocasión, ante el debate sobre el referendo soberanista, los líderes de una docena de entidades clave de la sociedad catalana exigen un debate sin cartas marcadas: un ejercicio sincero de intercambio de ideas.

Coinciden en ello los máximos representantes de la pequeña y mediana empresa, Josep González, y de la UGT, Josep Maria Àlvarez. «Sería muy buena una reflexión conjunta, que no sea un debate tenso, que entre los parlamentarios catalanes y el Congreso haya capacidad de diálogo y de entender los razonamientos de cada parte», reclama el primero. «Ya que sabemos por anticipado el resultado, lo mínimo que debemos exigir es que no sea un diálogo de sordos y se aproveche para hablar y para que el Congreso sea consciente de que una mayoría de catalanes queremos que esto acabe en una consulta», reclama Álvarez.

Desde posiciones contrarias a la iniciativa que lleva a cabo el Govern y la mayoría del Parlament, como la que esgrime el abogado Josep Maria Fuster Fabra, también se insta a unos y otros a arremangarse: «Espero que haya una puerta abierta de diálogo, a ver cómo solventamos el problema entre todos».

Todo ello no es incompatible con una gran dosis de escepticismo. La arquitecta y exconcejal de Ciutat Vella en Barcelona Itziar González no puede ser más explícita: «La falta de cultura genuinamente democrática en el Congreso lo invalida para ser un lugar de debate; el debate ha de hacerse en la calle y lo hemos de liderar los ciudadanos y ciudadanas; tenemos más compromiso con la libertad de expresión y somos más respetuosos con las opiniones diversas».

Javier Bonomi, portavoz de la federación de entidades de inmigrantes Fedelatina, se añade a la desazón: «Del debate espero una escenificación de las afirmaciones de unos y las negaciones de otros». Pero no por ello deja de reivindicar como valor la voluntad de entendimiento y, en base a ello, el derecho a decidir para que luego «cada uno pueda expresar su voluntad en positivo y en negativo; para un colectivo como el de los inmigrantes, siempre relegado, es básico el simple hecho de poder dar la opinión, el ejercicio democrático de poder votar». Manolo Tomàs, portavoz de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, también es escéptico porque «se está bloqueando demasiado una situación absurda; una cosa es la consulta y otra, la gestión del resultado». Es decir: escepticismo respecto a hoy, pero, pese a todo, ganas de soluciones: «Por un lado, hay una propuesta con suficiente apoyo social y por otro, una sentencia del Constitucional que facilita canalizar el apoyo por la vía de un acuerdo; por tanto, es necesario que actúe la política en mayúsculas», propone el rector de la UB, Dídac Ramírez.

El tono de advertencia recorre varias opiniones, como la de Ricard Riol, presidente de la asociación para la promoción del transporte público: «La consulta ha de hacerse aunque sea ilegal, la democracia no puede ilegalizarse». Àlex Castillo, presidente de la FAPAC, alerta: «No se dan cuenta de que en el contexto actual, democrático y en la UE, no se puede imponer a un pueblo la voluntad del pueblo que lo controla». También las entidades sociales vindican el derecho a decidir, en el marco de su lucha contra la pobreza y la desigualdad. Teresa Crespo, experta del Tercer Sector: «Me gustaría que hubiera una consulta que el Gobierno central aceptara, pero veo posturas preestablecidas en uno y otro lado». En lo más inmediato, habrá que quedarse con el consejo del expresidente del Parlament Joan Rigol: «Habrá que leer entre líneas, el tono del debate es importante». ¿Y mañana? «Buscar una rendija». Y ejercitar la palabra mágica: diálogo.