Desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria, hace dos años, se han producido al menos más de 1.000 casos documentados de personas que han visto vulnerado su derecho a la salud, según el informe presentado ayer por la oenegé Médicos del Mundo, titulado Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo. En la mayoría de los casos se trató de inmigrantes en situación irregular y el origen de tantos casos está en el hecho de que el desarrollo de la legislación por parte de los diferentes gobiernos autonómicos ha sido “muy heterogéneo y descoordinado”.
Según la oenegé, diez comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana) han tomado medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. Del resto de autonomías, algunas han definido supuestos o excepciones no contemplados en la reforma, como la atención a enfermos crónicos (Madrid y Murcia), en casos de riesgo para la salud pública (Castilla y León, Madrid, Baleares y La Rioja) o de enfermedades mentales (Madrid, Baleares y La Rioja). Sin embargo, sólo dos comunidades (Asturias y Andalucía) reconocen el derecho a la atención sanitaria de igual manera que al resto de la población residente.
Médicos del Mundo considera que esas medidas “sólo son parches que no llegan a resolver la quiebra del principio de universalidad del derecho humano a la salud”. En Galicia sólo 1.470 personas han logrado “cruzar con éxito la travesía burocrática” necesaria para beneficiarse del programa puesto en marcha en esta comunidad; apenas 500 en Aragón y sólo 147 en Canarias, una cifra que consideran ridícula si se tiene en cuenta que 48.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria en esta comunidad con la entrada en vigor de la legislación.
En la prestación farmacéutica también se está regulando “de manera desigual entre las comunidades, según denuncian, ya que se limitan por lo general a “cubrir únicamente algunos supuestos”. Además, la oenegé denuncia que entre las vulneraciones constatadas también hay casos de personas que sí están en situación regular y personas nacionalizadas españolas a quienes no se ha proporcionado la información adecuada para solicitar o renovar la tarjeta.
Asimismo, llaman la atención sobre la negativa de la Seguridad Social a reconocer como aseguradas o beneficiarias a las nuevas categorías de usuarios del Sistema Nacional de Salud a quienes han visto regularizada su situación administrativa después del 24 de abril de 2012. Médicos del Mundo critica que se siguen registrando casos de mujeres embarazadas y menores a quienes se les niega el acceso a la atención sanitaria, se ofrece información errónea sobre el derecho que la legislación les reconoce o se les factura la atención prestada.