FIDESZ, el partido del primer ministro conservador Viktor Orbán, ganó el domingo las elecciones en Hungría. El líder populista obtuvo el 44,4% de los votos. Eso supone un retroceso de siete puntos respecto a los comicios del 2010, cuando acumuló dos tercios de los escaños parlamentarios, pero le permite revalidar la mayoría absoluta. Es de suponer, por tanto, que el Gobierno húngaro mantendrá su línea; y que no tendría problemas para acentuar un corrimiento hacia postulados todavía más conservadores, dado el avance de la formación de extrema derecha Jobbik, que obtuvo el 21,1% de los votos (en el 2010 recibió el 16,7%). Este cómputo le afianza como el tercer partido nacional, por detrás de los socialistas de la Alianza de la Izquierda, que se llevaron el 25,5% de los sufragios (seis puntos más que en el 2010).
Durante el anterior mandato, Orbán ha aprovechado su dominio de la Cámara para efectuar una ingente labor legislativa, concretada en ochocientas nuevas leyes, incluida una nueva Constitución, varias veces enmendada. Los terrenos en los que se ha manifestado este vigor legislativo son diversos. Van desde la justicia hasta los medios de comunicación, pasando por las instituciones, la economía, la cultura o la religión. Pero, más allá de los ámbitos a los que afectará, este afán legislador ha tenido siempre un denominador común: el deseo de incrementar el poder del Gobierno, así como su autonomía y la capacidad para hacer y deshacer a su antojo. “Nos espera una nueva época excelente”, declaró Orbán el domingo al poco de conocer el resultado electoral. Sin embargo, y pese a la consistente mayoría de la que disfruta, no todos los húngaros piensan como él. Tampoco sintonizan con Orbán numerosos gobiernos de países integrantes de la Unión Europea (UE), a la que Hungría se adhirió en el 2004. No es de extrañar, puesto que Orbán ha construido su prestigio sobre dos pilares. Por una parte, una política muy derechista, que aparentemente agrada a buena parte de los ciudadanos de Hungría, pero que tiene un oscuro trasfondo de corrupción y de favores a determinada oligarquía. Por otra, una política de reservas, cuando no de insumisión, ante los dictados de Bruselas. De hecho, Orbán ha labrado parte de su éxito electoral haciendo frente a las propuestas europeas, y no pierde ocasión para referirse en tono displicente a “los burócratas de la Unión Europea”.
La inquietud de Bruselas ante el Gobierno de Orbán no tiene que ver, exclusivamente, con estos desaires. Es superior, puesto que la progresiva acumulación de poderes protagonizada por Orbán erosiona los principios del Estado democrático y lesiona la separación de poderes que debe caracterizarlo. Este ya no es un problema húngaro, sino continental, ante el que Bruselas no puede permanecer de brazos cruzados. Especialmente en una coyuntura histórica en la que progresan los populismos en países diversos –por ejemplo, en la vecina Francia– y en la que en otros estados europeos que pertenecieron al bloque soviético ganan predicamento tendencias de signo igualmente preocupante.
El proyecto europeo se basa en unos valores y en una vocación de unidad que supere luchas pasadas. También en el respeto escrupuloso a los principios democráticos. Sin ellos, ese afán carece de sentido. Conviene, por tanto, que la UE tome medidas para evitar una desnaturalización democrática de sus países miembros y, por extensión, de sí misma.